El ex presidente de la Deputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, y la ex alcaldesa de Moraña y actual delegada de la Xunta de Galicia en Pontevedra, Luisa Piñeiro, deberán cumplir dos años de prisión y quedan inhabilitados para ejercer cualquier empleo o cargo público durante ocho años.
Así lo impone una sentencia condenatoria que acaba de emitir el Juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra, que el pasado mes de noviembre juzgó a Louzán, Piñeiro; el responsable de la empresa Eiriña, Enrique Alonso Pais; su mano derecha, Jaime Alvariñas; el entonces director de infraestructuras de la Deputación, Manuel González Juanatey; el administrador de la empresa canalizaciones y Construcciones Salnés SL, D.G.F.; el administrador de Construcciones Enrique Casas, M.R.O; y, un arquitecto, D.A.L.O. Todos han acabado condenados.
La sentencia no es firme y hay opción de interponer recurso ante la Audiencia Provincial de Pontevedra, pero en todo caso, sí podrá implicar de forma inmediata medidas relacionadas con Luisa Piñeiro, pues queda inhabilitada para ejercer su actual cargo como delegada territorial de la Xunta, para el que fue nombrada por la Xunta de Galicia del PP el pasado mes de septiembre, tan solo dos meses antes del juicio.
Esta condena es resultado de una causa que tiene su origen en una pieza separada de la denominada operación Patos y que llevó ante la jueza irregularidades en las obras del campo de fútbol de Moraña cuando Luisa Piñeiro era alcaldesa.
Finalmente, la jueza ha concluido que la Deputación presidida por Louzán concedió una subvención de 86.311 euros para realizar unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que ya estaban, en su mayor parte, ejecutadas con anterioridad.
Louzán ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación, en concurso con un delito de fraude, mientras que Luisa Piñeiro y Manuel González Juanatey han sido condenados como cooperadores necesarios del delito de prevaricación y autores de un delito de fraude. Los tres tienen idéntica pena de inhabilitación y prisión.
También dos años de prisión deberán cumplir el administrador y un empleado de Eiriña y el arquitecto que firmó el proyecto. En su caso, no quedan inhabilitados para ejercer cargo público, pero sí para obtener subvenciones y ayudas públicas durante cuatro años.
Los otros acusados tendrán una condena menor, un año de prisión y a dos años de inhabilitación para obtener ayudas públicas. Se trata de uno de los dueños de las dos constructoras que accedieron a participar en el procedimiento negociado sin publicidad sabiendo que se trataba "de un mero trámite" para adjudicar la obra a una determinada empresa.
La jueza considera probado que la Deputación adjudicó la obra para instalar hierba artificial en el campo de fútbol de Moraña en 2011 a la constructora Eiriña y que, debido a una certificación, la actuación aumentó su coste en 86.816 euros. Al tratarse de una obra ejecutada con subvención, la legislación impedía rebasar el importe subvencionado, por lo que "se ideó un sistema artificioso, en fraude de ley, tendente a abonar a la empresa el importe que reclamaba". Es justo la tesis que sostenía la Fiscalía.
La sentencia concluye que, una vez denegada la posibilidad de aumentar el coste de las obras iniciales, "se buscaron alternativas para pagar esa certificación, creándose el proyecto de mejora en vestuarios y graderío del campo de futbol".
De esta forma, en 2013, el presidente de la Deputación, el director de Infraestructuras, el administrador de la empresa, la alcaldesa de Moraña y un arquitecto se pusieron de acuerdo y adjudicaron de forma irregular otra obra a la misma constructora por ese mismo importe. El nuevo proyecto contemplaba las mejoras en el vestuario y las gradas del campo de fútbol, a pesar de que parte de ellas ya habían sido realizadas.
La jueza, Julia Monteagudo Limeres, destaca que Louzán "sabía de primera mano", por haber visitado el campo con motivo del anterior proyecto, que la mayoría de las obras para las que aprobó una nueva subvención ya estaban ejecutadas, y sostiene que su conducta "evidencia una voluntad manifiesta en contra de la legalidad, sabiendo que la subvención que concede es claramente arbitraria y contraria a derecho".
En cuanto al papel de la ex alcaldesa de Moraña, la jueza también destaca que pidió la subvención a la Deputación "a sabiendas de que las obras para las que la solicitaba, al menos la mayor parte, ya estaban ejecutadas".
La magistrada añade que el arquitecto "se limitó a firmar el proyecto y certificaciones" y que el director de infraestructuras de la Deputación, "buscó el encaje de la operación, indicando incluso a qué arquitecto como firmante del proyecto debían acudir".
La magistrada sustenta su decisión en las escuchas telefónicas practicadas y en la documentación que llevó a juicio la Fiscalía y, como parte de su sentencia, ordena decomisar los 86.311 euros cobrados por la empresa con motivo del segundo proyecto y también la cantidad cobrada por el arquitecto.