Alrededor de 150 trabajadores de Ence y de empresas auxiliares se manifestaban este viernes por las calles de Pontevedra convocados por el sindicato Comisiones Obreras. Los motivos de esta marcha, según exponía Ana Cedeira, presidenta del comité de empresa de oficinas centrales, era la petición al alcalde de Pontevedra de la retirada de la denuncia por la que la Fiscalía solicita un año de prisión a Ramiro Cerdeira, delegado del comité de empresa de fábrica, por golpear el vehículo del alcalde después de protagonizar un encierro con otros trabajadores en el Concello. Además, la protesta también se dirigía al Gobierno del Estado para reclamar la reactivación de la mesa de diálogo con el objetivo de que los terrenos que actualmente ocupa se adscriban al Puerto de Marín.
A las 11.00 horas se iniciaba la manifestación en la plaza del Hospital. Allí Ana Cedeira y Ramiro Cerdeira mostraban un escrito de las diligencias previas del juzgado en el que aparece la alcaldía del Concello de Pontevedra como denunciante del trabajador de Ence. "El alcalde dice que nosotros mentimos, pero quien miente es el alcalde de Pontevedra", afirmaba la representante sindical alegando que la Fiscalía no habría actuado si no se hubiera denunciado a un trabajador que "solo ha defendido el puesto de trabajo de los empleados de Ence. Somos 5.000 Ramiros. Basta ya de este acoso en contra de todos nosotros. No somos Ence-borroka, solo somos trabajadores. Hoy todos somos Ramiro", exponía Ana Cedeira.
Por su parte, Ramiro Cerdeira manifestaba que está pasando un mal momento "porque me quiere poner como un delincuente. Quien puso la denuncia fue la alcaldía. Quedé yo solo y éramos trece, pero voy a seguir defendiendo mi puesto de trabajo y el de mis compañeros con esta incertidumbre que hay en la empresa".
Desde el gobierno local de Pontevedra sostienen que ni el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores ni el Concello presentaron denuncia contra el trabajador y aseguran que en el escrito de la causa aparece claramente que la parte acusadora es el Ministerio Fiscal. Insisten en que, de los hechos sucedidos en aquella protesta, solo se remitió al juzgado el atestado de la Policía Local sobre lo ocurrido y consta en las diligencias judiciales que el coche del alcalde sufrió daños y que el regidor declinó presentar denuncia. También afirman que, cuando el alcalde fue al juzgado a prestar declaración, lo hizo en calidad de testigo no de acusación.
En todo caso, los trabajadores se concentraron ante el edificio del Concello culpando a Fernández Lores de la situación que sufre actualmente la empresa. Allí Ana Cedeira gritaba "Ence sí, Lores no" seguida por los participantes de la protesta y explicaba que no temían a las amenazas porque van a seguir defendiendo sus puestos de trabajo.
La protesta concluía en la Subdelegación del Gobierno ante la presencia de numerosos dispositivos policiales que evitaban el acceso de los manifestantes a las escaleras del edificio. Ana Cedeira acusó a la subdelegada Maica Larriba y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de considerar "terroristas" a los trabajadores de Ence al movilizar siete furgones para un acto en defensa del empleo en la factoría de Lourizán. La representante de CCOO demandó la convocatoria de la mesa de diálogo con todas las partes del conflicto de Ence con un solo tema: la adscripción de los terrenos que ocupa actualmente la factoría al Puerto de Marín. Entienden que con este cambio, la empresa dejaría de estar regulada por la Ley de Costas y podría depender de la Ley de Puertos del Estado, que permitiría su permanencia en su actual localización.
Antonio Taboada, de