El pleno provincial aprobaba por unanimidad la prórroga de los convenios entre la Deputación de Pontevedra y el Concello capitalino. De esta forma se amplía hasta el 31 de diciembre del 2024 la fecha de justificación de las obras relacionadas con la reforma de la calle perimetral de la Praza de Barcelos en Pontevedra y también la renovación de la iluminación pública de la zona sur del centro urbano de la ciudad.
Por su parte, el portavoz del BNG en la Deputación, César Mosquera, pedía que una vez pase el parón actual en Santa Clara se aborde la segunda fase de la reforma en la Praza de Barcelos que depende del proyecto final del convento para que se integre en el espacio urbano. Señaló que esa parte de la plaza se encuentra condicionada por la resolución que se ofrezca a la entrada a Santa Clara.
Durante su intervención, el anterior vicepresidente provincial indicaba que hasta el momento tanto la Deputación como el Concello colaboraron siempre de forma positiva hasta el punto de llevarse a cabo una cesión de una parte de la Rúa Serra, correspondiente con el Edificio Castelao del Museo, para incorporarla al espacio público.
El último pleno provincial del año tuvo su momento de mayor tensión en relación con el debate sobre las bases reguladoras del plan +Provincia, que está dotado con 48,2 millones de euros.
Se trata del plan de obras y servicios para el 2024 que se desarrollará en los 59 municipios de menos de 50.000 habitantes.
El punto contó con el apoyo del PP y del BNG mientras que el PSOE voto en contra al entender que no se trata de un verdadero plan de obras sino un plan para pagar facturas en los cajones de los concellos más endeudados y sufragar gasto corriente, según indicaba el portavoz socialista Carlos Font en el debate.
Por su parte, Jorge Cubela, del Partido Popular, defendió el plan destacando la incorporación del reto demográfico, entre otros criterios de reparto de los fondos. Manifestó que las bases amplían la autonomía de los gobiernos locales al permitir recurrir que recurran a un 30% del crédito de inversión, y de manera excepcional a un 50%, para atender gasto corriente como amortización de deudas de ejercicios anteriores, financiación de servicios municipales o a sufragar obras que no figuren como inversiones.