La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Aviturga) ha reunido esta semana en A Illa de Arousa a medio centenar de personas para abordar, entre otras cuestiones, el rechazo al incremento de la tasa de la basura propuesto por el gobierno local.
Aviturga ha presentado una alegación contra la ordenanza que incluye esta tasa y algunos propietarios de viviendas turísticas (VUTs) en la localidad también han alegado de forma particular.
Según ha comunicado Aviturga, su intención es agotar la vía administrativa "antes de emprender la judicial" para frenar lo que considera una "injusticia tributaria", ya que a los propietarios de VUTs, con menos consumos en términos absolutos que una vivienda ocupada durante todo el año, "pretenden aplicarles una subida en los impuestos locales".
En el caso de A Illa de Arousa, quintuplica lo que paga un residente y Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga, señala que este mismo propietario ya tributa en el IRPF por los ingresos de su vivienda, lo que habitualmente supone un cambio de tramo y, por tanto, una elevada cantidad en la renta.
Para frenar esta "discriminación", las personas propietarias de VUTs iniciarán estos días una recogida de firmas, en la que solicitarán el respaldo ciudadano para una modalidad de alquiler, por periodos cortos, cuyos ingresos repercuten no solo en la economía de los anfitriones, sino en todo el entramado comercial y hostelero de la ciudad.
Solicitarán también la celebración de un pleno extraordinario que permita al gobierno local, explicar las razones que les han llevado a convertir A Illa en el primer municipio gallego en implementar este gravamen impositivo a las viviendas de uso turístico, considerándolas actividad económica "en clara contradicción con Hacienda, que mantiene la tributación como rendimiento del capital inmobiliario".
Esta medida recaudatoria ha sido defendida por el gobierno local como una estrategia para combatir la especulación, mejorar el acceso a la vivienda para los residentes y controlar el impacto turístico en el entorno. A juicio de Aviturga este agumento es una "tomadura de pelo a los ciudadanos".
"Castigar a quien alquila su vivienda en verano para que forzarlo a que la lleve al alquiler de larga duración es pura demagogia para ocultar la inoperancia de las diferentes administraciones para dotar de vivienda pública a la localidad. El acceso a una vivienda digna es un derecho que debe garantir la administración, no los propietarios", añade Dulcinea Aguín.