Los últimos pasos judiciales relativos a la polémica urbanización de Mar Tambo, en Chancelas, Poio, en pleitos desde hace años, han llevado a su promotor a denunciar el "daño irreparable" que ha sufrido en las dos últimas décadas.
Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) de junio de 2022 acaba de forzar al Tribunal Supremo a revisar la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre los chalés y, tras conocerse lo ocurrido, el promotor ha decidido hablar.
Florencio Cruz Barreiro, administrador de la extinguida empresa Vigobarro S.L. y promotor de la obra, denuncia "irregularidades" en el proceso y destaca tres puntos "muy notables" que afectan a distintas administraciones, municipal, autonómica y estatal.
Así, en primer lugar insiste en que se le causó "gran indefensión" al no notificar a su empresa la incoación del deslinde marítimo.
La compañía compró la parcela el 3 de diciembre de 1998 y "acto seguido" o puso en conocimiento del Concello de Poio, el Catastro y el Registro de la Propiedad de Pontevedra. Se pregunta "¿por qué en la incoación del deslinde marítimo por parte de las administraciones no se notifica a Vigobarro S.L. de esta situación?".
En segundo lugar, insiste en que en la escritura pública de adquisición de la parcela indicó que el último pago estaba condicionado a otorgar la licencia de obras y que el Concello de Poio concedió la licencia "de forma ilegal".
Al respecto, indica que el entonces concejal de urbanismo de Poio tenía "un gran interés" por que se concediera la licencia a pesar de que el Servicio de Costas de Pontevedra le había enviado un oficio instando al Concello a la suspensión cautelar de licencias y se pregunta "¿por qué ese interés en dar una licencia que no procedía?". Le parece "muy extraño".
En tercer lugar, señala que el Servicio de Costas de Pontevedra emitió una resolución indicando que es una orden ministerial a pesar de que "esta orden ministerial que no existe". Esa orden fue "condición indispensable" para la aprobación definitiva del deslinde marítimo.
Ante tales circunstancias, asegura que a la empresa "se le causó un daño irreparable", que causó la quiebra personal y de la compañía y le obligó a un concurso de acreedores archivado el 20 de febrero de 2013.
Defiende el promotor que se trata de una urbanización "perfectamente incrustada" en la ladera de la montaña en Chancelas y que estuvo "vigilada por las tres administraciones" desde el comienzo de las obras.
Asegura que actuaron "adaptándose al entorno natural", con una carretera nacional que la separa de la costa, con un deslinde "totalmente enrevesado" por las distintas administraciones y que todas las administraciones han concedido las
oportunas autorizaciones.
A la vista de todas estas "irregularidades" que relata, denunca que todas las administraciones y también la justicia "han cometido errores" y que 20 años más tarde tuvo que intervenir el TEDH y volver a iniciar un proceso.
"¿Cómo podemos pedirle a la clase empresarial que invierta en este país bananero si no hay justicia?", se pregunta.