Las familias de los marineros fallecidos en el naufragio del Villa de Pitanxo, que se hundió el pasado 15 de febrero en aguas de Terranova (Canadá), han presentado la querella criminal contra dos de los supervivientes y la casa armadora.
María José de Pazo, portavoz de los afectados, ha confirmado a PontevedraViva que las primeras querellas se presentaron el pasado viernes y a lo largo de esta semana, tras subsanar errores en los poderes firmados por las familias, se irán registrando las restantes.
Todas estas querellas, una por familia, aprecian indicios de 21 delitos de homicidio por imprudencia, delitos graves contra la salud de los trabajadores, delitos de falsedad documental y un delito de encubrimiento.
Las familias identifican como presuntos autores, si bien en diferentes grados de responsabilidad, a dos de los supervivientes, el patrón Juan Enrique Padín y su sobrino, Eduardo Rial, y a empresa armadora, Pesquerías Nores, con sede en Marín.
De Pazo ha explicado que las querellas están basadas en la investigación de la Guardia Civil sobre el naufragio, los informes de la Fiscalía en los que se aprecian indicios delictivos y los diferentes autos emitidos por la Audiencia Nacional.
"Hay indicios claros de criminalidad y así nos lo aseguran los numerosos peritos con los que hemos consultado", ha señalado la portavoz de las familias, que confía en que la justicia establezca "qué nivel de responsabilidad tiene cada uno de ellos" en lo sucedido.
Esta querella contra los dos supervivientes -los que respaldaron la versión oficial del naufragio de la que duda la Fiscalía- y la casa armadora podría ampliarse en cuanto las familias accedan al contenido del segundo informe que está elaborando la Guardia Civil.
Este documento, según María José de Pazo, incluirá la investigación realizada a partir de las declaraciones ofrecidas por todas las partes, entre ellos los tres supervivientes, tras su llegada a España y a él "esperamos tener acceso muy pronto".
La investigación, en todo caso, "está coja", según De Pazo, hasta que el Gobierno acceda a enviar medios al pecio hundido para comprobar en qué estado se encuentra y poder recabar pruebas que aclaren las causas del naufragio.
Tras la oferta de una empresa de Noruega que contactó con la Xunta de Galicia para ofrecerles de forma gratuita un robot y un sonar de barrido lateral para bajar al lugar del naufragio, el Gobierno "tiene que mover ficha", subraya la hija del jefe de máquinas del Villa de Pitanxo.
"El tiempo apremia porque habría que bajar en junio y apenas queda tiempo", reitera María José de Pazo, que espera que el presidente Pedro Sánchez o la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, conteste a la petición que de manera reiterada han hecho las familias.
"NO SE EVIDENCIA LA NECESIDAD DE BAJAR"
El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha asegurado este lunes que la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) "no evidencia la necesidad de bajar al pecio para resolver lo ocurrido".
"No hay indicios de que sea necesario y no se está planteando", ha reconocido Miñones, que ha añadido que si el juzgado que asuma la investigación declara que sí es necesario "lo haremos" y se estudiará cuál sería la mejor fórmula.
Con respecto a la oferta que ha hecho la empresa noruega a través de la Xunta, el delegado ha avanzado que era recibir "información real y veraz" sobre esta posibilidad para poder trasladarla al Gobierno y poder estudiar si ese robot "es válido para hacer las mediciones".
Mientras tanto, ha sentenciado José Miñones, "estamos centrados en las reuniones pendientes", entre ellas la prevista entre los responsables del centro de salvamento marítimo de Halifax (Canadá) y las propias familias de los marineros fallecidos.