El grupo socialista presentó en el Parlamento de Galicia una proposición no de ley en la que insta al gobierno de la Xunta a rehabilitar el edificio del Pazo de Lourizán. Los diputados del PSdeG-PSOE , liderados por Patricia Vilán, señalan que el ejecutivo autonómico se había comprometido en 1991 a través de un convenio firmado con la Deputación de Pontevedra, que fue ratificado en 2000, a adoptar las medidas necesarias para recuperar y conservar este edificio de aire romático, perteneciente al siglo XIX.
Según indican, las obras de conservación de la zona noble del conjunto de la finca del inmueble corresponden por ese convenio a la Xunta de Galicia. Los socialistas califican de "lamentable" el estado de conservación del pazo y así consta en la memoria técnica sobre las intervenciones precisas para su conservación, elaborada por el Servicio de Arquitectura de la Deputación de Pontevedra.
Ese informe indica que para la recuperación son necesarios más de 14 millones de euros ya que hay dinteles rotos, humedades, presencia de líquenes, áreas colonizadas por algas y la cubierta de la cara sur del edificio está comenzando a hundirse con riesgo para la seguridad debido al material eléctrico que hay en la zona.
RESPUESTA DEL PP
El Partido Popular respondía a esta proposición no de ley a través del diputado Jacobo Moreira. El representante del PP criticó que el PSOE pida ahora que la Xunta rehabilite el Pazo cuando desde la Deputación de Pontevedra, gobernada por el bipartito formado por PSOE y BNG, se rechazó la creación de un centro de investigación en este edificio con la financiación de Ence.
Moreira culpó al Partido Socialista de que el Pazo de Lourizán se encuentre en esta situación al negarse a aceptar la propuesta realizada por la Xunta hace dos años para la rehabilitación a través de la empresa pastera con una inversión de cinco millones para las obras y otros cinco destinados a proyectos de investigación.
El diputado popular afirmó en sede parlamentaria que esta solución de la Xunta era buena económica y técnicamente, además de que permitía agilizar plazos sin que la administración pública perdiera la titularidad de estas instalaciones.