El recibo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) que paga anualmente Audasa al Concello de Pontevedra por la AP-9 se multiplicará de manera exponencial a partir de este año. ¿El motivo? El fin de la bonificación que los municipios que atraviesa la autopista debían aplicar a la compañía.
Los concellos estaban obligados a bonificar hasta un 95% del IBI, en virtud de la ley de autopistas aprobada en 1972, todavía en época franquista. Pero este beneficio ha llegado a su fin, ya que tenía fecha de caducidad, en agosto de 2023.
Así, el recibo que el consistorio pontevedrés girará a Audasa este año será bastante más elevado de los 15.740 euros que pagaba la multinacional hasta ahora.
Los cálculos municipales reflejan que la concesionaria de la AP-9 tendrá que pagar a partir de ahora a Pontevedra 314.081 euros cada año por los kilómetros que ocupa la autopista a su paso por el término municipal pontevedrés.
Este mismo trámite lo están siguiendo otros municipios por los que pasa la autopista, entre ellos Vigo o Caldas de Reis, que también ingresos superiores a los 300.000 euros cada año.
En total, se estima que Audasa tendrá que pagar unos 7 millones de euros en total a todos los ayuntamientos por lo que discurre el trazado de la AP-9.