El Concello de Vigo y la entidad pública Augas de Galicia recibirán en los próximos días sendos recursos de anulación desde los concellos de Ponte Caldelas y Soutomaior contra el texto del convenio interadministrativo que ambas partes están negociando para ejecutar las obras del trasvase desde el río Verdugo al tubo de abastecimiento del sistema de Eiras-Oitavén.
Así lo acordaron este lunes en una reunión de trabajo los alcaldes Andrés Díaz y Agustín Reguera, que, como directamente afectados por esta obra, están compartiendo iniciativas para frenarla, no sólo con la organización y participación en movilizaciones, sino y sobre todo, en el campo legal, donde, entienden, la respuesta puede ser "más efectiva". Ambos alcaldes subrayaron que estamos ante un tema que es una "salvajada ambiental", toda vez que se pretende ejecutar sin informes de impacto ni sobre el río ni sobre los bancos marisqueros, y de una intromisión intolerable en la autonomía municipal.
El plazo de interposición del recurso contra el convenio, que ya fue aprobado por el Concello de Vigo, pero no consta que tenga aún aprobación de Augas de Galicia, finaliza el 28 de febrero, pero será interpuesto por analogía con el recurso administrativo de reposición antes del 28 de este mes de enero al efecto de evitar cualquier posibilidad de inadmisión por extemporaneidad.
Los dos ayuntamientos afectados disponen ya de un primer informe legal y tienen a sus asesores trabajando en la redacción final, aunque tienen intención de agotar el plazo con la esperanza de acceder previamente al texto del convenio.
Los alcaldes de Ponte Caldelas y Soutomaior subrayan que este recurso previo de anulación del convenio es la primera actuación legal contra el Concello de Vigo y Augas de Galicia, pero no será la última, porque si el Consello da Xunta de Galicia adopta alguna resolución que dé viabilidad a la obra se interpondrá inmediatamente un recurso contencioso-administrativo, en esta ocasión ya delante de los juzgados competentes por razón de la materia y del territorio.
Díaz y Reguera lamentaron el "apagón informativo" sobre este asunto, "pues, a día de hoy, no sólo no nos facilitan el convenio, sino que ni siquiera tenemos constancia oficial sobre si está firmado por las partes, aunque sospechamos que no".
No obstante, según declaraciones del alcalde de Vigo, ese convenio tendría una vigencia de dos años "lo que demuestra claramente que ya no estamos delante de una obra de emergencia, algo que, por cierto, ya había reconocido públicamente el director de Augas de Galicia, junto con la inutilidad del trasvase para solucionar los problemas existentes a medio y largo plazo".
El alcalde de Ponte Caldelas recuerda que este ayuntamiento también reclamó formalmente de Augas de Galicia la revocación de la declaración de la emergencia de la obra hace un mes, sin recibir respuesta. Al mismo tiempo, presentó una solicitud de información delante de la Subdelegación del Gobierno para conocer los motivos por los que la Guardia Civil y la Policía Autonómica escoltaron a los topógrafos que tomaron mediciones en este municipio, invadiendo propiedades públicas y privadas. De nuevo, sin respuesta.