La Junta Local de Seguridad de Pontevedra celebrada este viernes estuvo cargada de polémica, no solo por el eje central de la reunión, las denuncia por inseguridad en distintas zonas de la ciudad, sino por la propia celebración de la reunión. Y es que el PP había pedido acudir y el Concello le negó la posibilidad.
Tras la reunión, el PP convocó una comparecencia pública para criticar esta negativa, pues ya en el año 2021 habían pedido acudir y en los últimos días reiteraron su petición para participar "al menos como oyentes".
Su portavoz, Rafa Domínguez, lamentó que no les hayan dejado participar "a pesar de ser el partido con mayor representación en el Concello de Pontevedra". En su opinión, "es una pena y es una falta de democracia tanto del alcalde como del subdelegado del Gobierno".
Los dos aludidos le respondieron en la comparecencia posterior a la reunión. El subdelegado el Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, fue muy contundente al recordar al PP que "esto es un órgano de carácter técnico entre el Gobierno local y el Gobierno de España, no es un órgano de debate político". Para realizar la actividad política, está el Pleno municipal.
Losada atribuye esta petición de Domínguez a una "estrategia filoVox desokupa" del PP y dijo a los 'populares' que "en caso de que tengan problemas de comprensión lectora" puede facilitarle el Diario Oficial en el que se recoge quién convoca y quién asiste a este tipo de reuniones.
Por su parte, Lores añade que "el Partido Popular sabe perfectamente que está pidiendo algo que no es posible ni deseable" y le recuerda que "no existe ninguna Junta Local de Seguridad, gobierne quien gobierne" en la que esté presente la oposición.
"En ninguna Junta Local de Seguridad está la oposición presente", insistió Lores. En su opinión, "esto es una forma de liarla, que es una de las cosas que le gusta al Partido Popular".
El Partido Popular hizo público el escrito oficial por lo que el Ayuntamiento rechaza su participación. En él, el Concello explica que la reunión fue convocada en fecha de 14 de marzo de este año segundo las formalidades y requisitos establecidos en la normativa, por lo que, dado que la petición se hizo del día 20, más tarde, "no resulta posible alterar la convocatoria ya realizada con la incorporación de nuevas personas asistentes".
La comunicación, sin embargo, indica que se traslada la solicitud a la Dirección Xeral de Protección Ciudadana para que se emita informe sobre la posibilidad de que las personas que no forman parte de la Xunta Local de Seguridad puedan asistir, "lo que se tendrá en cuenta para próximas sesión que se celebren".
RECOGIDA DE FIRMAS
Rafa Domínguez criticó al gobierno local una "banalización de los problemas que dicen que hay" al afirmar que hay una "sensación de un incremento de los delitos", pues "no es una sensación, hay un incremento de los delitos, hay una mayor preocupación y eso está redundando en un problema grave de seguridad ciudadana con agresiones reiteradas a personas".
El líder del PP regresó este viernes a los negocios de las galerías Oliva donde ya estuvo el jueves y anunció que el PP pondrá en marcha una campaña de recogida de firmas y, para mejorar la seguridad, solicitará que se aplique la ordenanza municipal de 2008, que prohíbe el consumo de alcohol y drogas en la vía pública.
Domínguez también anunció que propondrá un estudio para modificar la ordenanza por un reglamento que garantice la seguridad.
En nombre del PSOE, este viernes habló la concejala Yoya Blanco, que señaló su "preocupación evidente" por una situación que se produce desde hace meses. Recordó que el Partido Socialista lideró la búsqueda de soluciones a esta situación con una moción presentada en Pleno y aprobada por unanimidad haciéndose eco de las denuncias de los vecinos de Augusto García Sánchez y el entorno de la plaza de Galicia.
Al igual que sostuvo Lores durante su comparecencia posterior a la Junta Local de Seguridad, Yoya Blanco señaló que se trata de un "tema tremendamente preocupante" y "un tema que hay que tener sensibilidad" a la hora de abordarlo, pues afecta a personas que viven en la calle y en riesgo de exclusión social.