La Plataforma Defensora da Praza de Os Praceres comenzó en el año 2001 el recurso contencioso-administrativo que derivó en que se hayan declarado ilegales los rellenos del puerto de Marín. Trece años después, y tras la útima sentencia del Tribunal Supremo, han vuelto a los tribunales y ha presentado ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) un escrito pidiendo que el fallo se ejecute "sin más dilación".
La plataforma pide al TSXG que proceda a cumplir la ejecutoria haciendo que se haga la expresa advertencia de que "si no diere inmediato cumplimiento al fallo, se procederá a la imposición de multa coercitiva", sin perjuicio de la adopciòn de las medidas necesarias para la efectividad de lo mandado y de deducir testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal por el incumplimiento.
El último fallo del Supremo desestima los últimos recursos de casación presentados por la empresa Cabomar Congelados y la Administración General del Estado (en representación de la Autoridad Portuaria de Marín Ría de Pontevedra) confirmando la obligación de que se ejecute la sentencia del año 2009 que obligaba a demoler los rellenos del puerto y reponer los 300.000 metros cuadrados de terrenos ganados al mar a su estado previo.
Los recursos los habían presentado contra los autos previos del TSXG que obligan a la ejecución de la sentencia que ilegaliza los rellenos y, en respuesta, la sentencia del Supremo mantiene que la ejecución de ese fallo del año 2009 "no admite más demoras" y que lo que, precisamente, podría comprometer el procedimiento de ejecución de la sentencia y situarse en contradicción con ella es "justamente, lo que pretende el Abogado del Estado", que es "que no haya lugar a la demolición de obra alguna, aduciendo la existencia de una serie de planes anteriores y posteriores que habrían de dar supuesta cobertura a las obras contempladas en el plan especial anulado".
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSXG dictó dos autos el 22 de febrero y el 11 de abril de 2013 que declaraba que no se había ejecutado la sentencia de 2009. Tras ambas resoluciones, debería haberse dado cumplimiento a la sentencia que declara ilegales las obras de relleno del mar y orden la "reposición de la zona portuaria a la anterior situación y estado".