Los cinco municipios gallegos en los que están ubicados centros penitenciarios, pertenecientes a las cuatro provincias, han hecho un frente común y denuncian que tienen que hacer frente a una "carga económica" extra por el hecho de tener estas instalaciones en su municipio sin recibir contraprestación ninguna.
Se trata de A Lama, Monterroso, Outeiro de Rei, Curtis y Pereiro de Aguiar y sus cinco alcaldes explicaron que la "mayor repercusión y preocupación" que tienen es el "impacto negativo" que tienen que soportar cuando los medios de comunicación y redes sociales los mencionan por ser sedes de las cárceles.
Además, sostienen que los ayuntamientos de pequeña entidad y con pocos recursos tienen que "asumir y soportar" el coste de servicios básicos como mantenimiento de las redes viarias de acceso a los centros, abastecimiento de agua, depuración, recogida y gestión de residuos y otros enseres, además del trabajo extra para los servicios sociales.
Esa carga económica que suponen estos servicios básicos tienen que afrontarla "sin recibir de la Administración del Estado ninguna compensación económica al respecto".
Además, recuerdan que los centros penitenciarios están exentos de cualquier tipo de pago de impuestos, de manera que le suponen gastos, pero no ingresos. "Estamos carentes de financiación y cada día es más complejo seguir prestando servicios si no se tiene en cuenta la carga económica que tenemos que soportar", señalan.
Los cinco alcaldes acordaron solicitar una audiencia con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para trasladarle una propuesta "clara y firme" en aras de que se incluya a través del PIE un fondo de aportación a cada uno de los ayuntamientos como compensación por la prestación de servicios básicos a los centros penitenciarios, "del mismo modo que se hace con otros municipios en relación con otras materias".