César Mosquera, concejal de Infraestruturas de Pontevedra, añadió este martes un nuevo episodio al conflicto abierto entre el gobierno local y el Partido Popular, que acusaba al alcalde Miguel Anxo Fernández Lores de participar y firmar "el mayor expolio cultural de la historia de Pontevedra", por el traslado a Santiago del altar de la Virxe dos Desamparados de la iglesia de Santa Clara.
Según manifestaba el representante del gobierno municipal, las monjas clarisas tienen un "rebote de nivel" porque entienden que el portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez, las acusó "dicindo que hai un roubo, un espolio, e entón quen o fai son elas".
Mosquera indicó que el representante legal de la orden religiosa envió un WhatsApp en la mañana de este martes 8 mostrando su enfado por las declaraciones del portavoz del Partido Popular.
"Están a acusalas de ladroas do patrimonio", argumentó, señalando que las monjas pusieron como condición para la venta que todas las piezas de culto "eran delas e non quedaban no convento".
"O cabreo que teñen é do quince", aseguraba el edil al referirse a las propietarias de dicho material.
"Intentaron sabotear la compra por activa y por pasiva", añadía el concejal refiriéndose a la oposición de la agrupación popular a la compra del convento de Santa Clara por parte del Concello.
Finalmente, la operación se llevó a cabo "a pesar de los intentos de sabotaje", y Mosquera considera que las declaraciones de Domínguez son una "vendetta" de los populares contra las clarisas.
Insistió en aconsejar a Domínguez, como vicepresidente de la Deputación de Pontevedra, que la institución provincial adquiera el resto del material de culto que continúa en las instalaciones de Santa Clara.
Mosquera insistió en que estaba hablada con las religiosas la compra del material que quedaba en depósito, antes del cambio de gobierno en la Deputación de Pontevedra.
Y afirmó que la institución provincial tuvo quince meses para adquirir esos elementos de culto.
Por último, César Mosquera incidía en que a 8 de octubre la Deputación tampoco envió al Concello la documentación requerida el 30 de julio para conceder la licencia para que se acometan las obras previstas en el convento.