Representantes del sector de la hostelería de Poio, O Grove, Moaña, Nigrán, A Guarda, Fisterra o Ribeira con establecimientos situados en espacios portuarios mantenían este miércoles un encuentro telemático con Montse Prado, candidata del BNG por la provincia para conocer sus demandas al entender que se trata de uno de los sectores más perjudicados por la crisis de la Covid-19.
La representante nacionalista considera "incomprensible" que la Xunta de Galicia, a través de la institución Portos de Galicia, en lugar de anular las tasas mientras duren los efectos económicos provocados por la pandemia haya mantenido el cobro e incrementado la recaudación a los empresarios cuando solicitan un mayor espacio para instalar las terrazas y, de esta forma, mantener las distancias de seguridad.
Prado califica las tasas que cobra Portos de Galicia como "abusivas" al llegar a superar hasta en diez veces las que establecen los municipios. Por este motivo, insta a los representantes de esta institución que anulen las tasas de ocupación hasta que se normalice la actividad económica.
Entiende que Portos de Galicia, bajo la postura del Partido Popular, se mueve por "puro afán desmedido" por hacer caja y por una "falta total de diálogo" con el colectivo afectado y que, en muchos casos, puede verse obligado al cierre.
EL BNG DE VILABOA RECLAMA LA TRANSFERENCIA DE LA N-554
Por su parte, el BNG de Vilaboa inicia este miércoles la precampaña electoral con una performance reivindicativa en la N-554 a la altura del centro de O Toural.
Solicitan la transferencia de la carretera nacional a la Xunta de Galicia de la carretera que atraviesa el municipio, tal y como vienen reclamando con iniciativas parlamentarias desde el 2008 en el Congreso de los Diputados.
Se trata de una carretera que no alcanza los 10 kilómetros de longitud y afecta a varios núcleos de población en las parroquias de Santa Cristina y San Adrián de Cobres, así como en la de Vilaboa.
Aseguran que la actual regulación del tráfico en esta vía impide la actividad normal de las personas que residen en el entorno y de las actividades agrarias. El vecindario se ve obligado a acudir a una rotonda para poder acceder a comercios de alimentación, entidades bancarias o a los centros de enseñanza.
Señalan, además, que ante la subida de peajes, numerosos vehículos que circulaban antes por la AP9 ahora se desplazan por este entorno aumentando el tráfico. Por este motivo, piden que las competencias de esta carretera sean asumidas por la Xunta y que se actúe para facilitar la comunicación entre el vecindario y los establecimientos de Vilaboa.