El visto bueno de la Xunta al proyecto de parque eólico en el Monte Castrove provocó numerosas reacciones negativas.
La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático hizo pública la declaración de impacto ambiental, que concluye que este parque es "ambientalmente viable".
La promotora, la sociedad Parque Eólico Cadaval y Ventoso, S.L. redujo a tres los aerogeneradores, con altura de 150 metros y diámetro de rotor de 170. A todo eso hay que añadir otras construcciones, como la apertura de viales, pistas, drenajes, excavaciones, creación de una subestación eléctrica y nuevos tendidos, dos tramos aéreos y otros dos soterrados que afectan a los concellos de Poio, Pontevedra, Meis y Barro.
Ante esta decisión el Concello de Poio reiteró su rechazo. El gobierno local recordó que la declaración de impacto ambiental es un trámite técnico contra el que no cabe recurso y no implica la autorización de construcción del parque.
Desde el equipo de gobierno del alcalde Ángel Moldes subrayan que la postura del Concello sigue siendo a misma: "Ni el Monte Castrove ni ningún otro punto de Poio son el lugar para ese proyecto", por lo que aseguran que seguirán trabajando "con todas las herramientas disponibles en cada momento" y anuncian que recurrirán "contra cualquier resolución que pueda hacer avanzar el proyecto y que admita recurso".
En los próximos días se convocará una junta de portavoces para informar del estado del procedimiento y consensuar las medidas a tomar "de modo que Concello, fuerzas políticas, colectivos y vecinos" sigan mostrando una imagen unida frente a este proyecto.
También la Comunidad de Montes Vecinales de Mano Común de Campañó manifestó su "firme oposición" a esta propuesta que, según sostienen, "no cumple con los criterios fundamentales para asegurar un desarrollo equilibrado y respetuoso con el entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos".
Motivan su negativa en cuestiones como el impacto ambiental negativo, la afectación al paisaje y al turismo, la desinformación y falta de consulta pública adecuada, los riesgos para la salud y el bienestar o la existencia de alternativas energéticas más apropiadas.