El presidente y el vicepresidente de la Asociación pola Defensa da Ría, Antón Masa y Benito Andrade, mantuvieron este jueves dos reuniones con distintas instancias del gobierno del Estado en Madrid en las que se discutieron distintos aspectos sobre la situación actual de Ence y Elnosa en lo que a la permanencia en Lourizán se refiere.
En ambos casos, la APDR entregó un amplio dosier en el que se recoge distinta información sobre los procedimientos de caducidad de Ence y Elnosa y al de la prórroga de Ence, y en el que la asociación hace una pormenorizada discusión sobre distintos aspectos relativos a estos procedimientos.
En primer lugar, la APDR se entrevistó con el director del Departamento de Asuntos Económicos de Presidencia, Manuel de la Rocha, en el complejo de la Moncloa, una reunión de trabajo en la que participaron expertos del citado departamento y, posteriormente, con la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro, y funcionarias de su gabinete.
La APDR hace una "valoración moderadamente positiva" de ambas reuniones de trabajo.
Según informman desde el colectivo ecologista, con respecto a Elnosa, en ambos estamentos gubernamentales "se entendió la posición defendida por la APDR" en el sentido de que el pasado 29 de julio se extinguió su derecho de ocupación del dominio público en Lourizán, y se confirmó que "existen causa evidentes de caducidad que van a dar lugar a la resolución definitiva del expediente de forma positiva para los intereses de la asociación y de quienes aspiramos a la recuperación de la ría".
En cualquiera caso, mantienen la posición de que la administración tiene el deber de finalizar la tramitación del expediente de caducidad, un aspecto en el que tienen diferencias evidentes en la asociación y para el cual esperan una resolución contraria a los intereses de la electroquímica en un plazo de tiempo que aseguran va a ser corto. Esta resolución conllevaría la liberación de los terrenos y su ocupación por la administración.
Asimismo, afirmaron que tratarán de conseguir que se reconsidere la situación de la APDR en el sentido de que se les tenga por parte interesada en este expediente, una situación que consideran "irregular", y posibilitarán el acceso al expediente de caducidad, "un particular que se nos vino negando hasta el momento".
Por lo que respecta a la situación de Ence, los reponsables gubernativos insisten en la "dificultad" que supone intervenir por la vía administrativa en una situación que ya está judicializada, pero "mantienen esperanzas" de que la resolución de los recursos existentes en la Audiencia Nacional, puedan "dar un giro que facilite la resolución favorable a la defensa del medio ambiente y termine con la desaparición de la empresa de su actual emplazamiento".
A raíz de las explicaciones de los ecologistas y de la discusión sobre aspectos recogidos en el dosier facilitado por la APDR, un dosier que en ambos casos consideraron de "enorme utilidad por su claridad en la exposición y por el riguroso de sus propuestas y explicaciones", la directora general afirmó quedar "convencida de que se han cometido numerosas irregularidades" tanto en la resolución del expediente de caducidad de Ence como en el procedimiento de concesión de la prórroga de 60 años, y que, en ese sentido, "confían en que se puedan solventar de forma positiva por la vía judicial".
Así las cosas, y a pesar de que existen "evidentes diferencias" entre las posiciones manifestadas por los miembros de Defensa da Ría y por los representantes de la Administración del Estado en estas reuniones de trabajo, en la APDR se declaran "satisfechos del trabajo desarrollado en esta jornada", un trabajo que supone "un paso más en nuestra apuesta decidida por la desaparición del complejo Ence- Elnosa de la ría, una aspiración para la que, con seguridad, seguirá siendo fundamental a movilización social".