Es, sin duda, el juicio del siglo en Galicia, el de mayores dimensiones en cuanto a partes personadas, también en cuanto a víctimas y en cuanto a su duración. Este miércoles comenzó en la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, la vista oral por el accidente ferroviario del Alvia que el 24 de julio de 2013 dejó 80 muertos y 144 heridos en las afueras de la capital gallega, en el barrio de Angrois.
El juicio vuelve a traer a la actualidad la grave tragedia, el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España, y a rememorar aquella dura madrugada de hace nueve años, dos meses y 11 días que precedió al día de Galicia más triste.
Todos los focos se centran en la Cidade da Cultura, pero Pontevedra no es un ciudad ajena a este mediático juicio. En el descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira fallecieron tres vecinas de Pontevedra y en el juicio hay, además, tres abogados pontevedreses que representan a distintas familias afectadas.
En las vías de Angrois fallecieron Laura de Juan, una joven de 23 años; Lucía Arosa, de 32 años y que falleció junto a su novio Jacobo Romero; y Antonia Baro Roldán, de 69 años.
En la sala de vistas habilitada para la ocasión en la Cidade da Cultura de Galicia hay 446 personas perjudicadas personadas, agrupadas en 154 acusaciones y asistidas por 110 letrados y representadas por 47 procuradores. Entre esos abogados, hay tres pontevedreses, Jorge Cubela Boullosa, Juan Prieto Cervera-Mercadillo, y Andrés Malvar Pintos.
Andrés Malvar representa a la madre y el hermano de Luara de Juan, que regresaba a casa tras haber presentado su proyecto de fin de máster en la Universidad Complutense de Madrid y con un contrato recién firmado para trabajar en el Instituto de Ciencias Matemáticas del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Jorge Cubela, por su parte, lleva la acusación en nombre de dos mujeres de origen extranjero que resultaron heridas en las vías de Angrois, madre e hija a las que el accidente cambió la vida, evitó regresar a su país y mantiene todavía a día de hoy pendientes de operaciones.
Juan Prieto Cervera-Mercadillo, a una mujer pontevedresa que resultó herida en el accidente. Pese a residir en Madrid, su familia es pontevedresa.
También hay sello pontevedrés en la parte de la magistratura, pues el primer juez instructor de la causa fue Luis Aláez Legerén, natural de la ciudad de Pontevedra, que asumió la instrucción entre la noche del accidente y junio del 2014, cuando tomó el relevo Andrés Lago Louro, quien la asumió desde julio de 2014 hasta su finalización, en diciembre del 2021.
El juicio se celebra en el Juzgado de lo Penal no 2 de Santiago y la magistrada responsable es también pontevedresa, María Elena Fernández Currás.
El accidente también se había vivido con dolor en los hospitales pontevedreses, pues tres heridos del siniestro ferroviario estuvieron ingresados en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez , diez en el Hospital Montecelo y tres en el Hospital do Salnés.
El juicio sienta en el banquillo de los acusados a dos personas, el maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo; y el director de seguridad en la circulación de ADIF en el momento de puesta en funcionamiento de la línea, Andrés Cortabitarte. A ambos se les atribuyen 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños.
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado, durante el mismo periodo, para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a 57.686.635,93 euros, que se reclaman a las aseguradoras de Renfe (QBE) y Adif (Allianz Global Corporate & Speciality); además de a Renfe Operadora; ADIF; y los dos acusados.
El juicio comenzó este miércoles y se prolongará durante nueve meses, hasta el mes de junio. Durante todos esos meses, se esperan las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos.
Las víctimas del accidente, a través de la plataforma mayoritaria, aprovecharon el inicio de la vista para una impactante protesta. Trasladaron un cartel de grandes dimensiones con el documental Frankenstein 04155 sobre el accidente de Aitor Rei y el mensaje "censurado" en alusión a que han pedido sin éxito que se proyecte en el juicio y se emita en Televisión Española. A su lado, dos afectados portaron dos televisiones de 32 pulgadas con imágenes de la cinta.