La CIG anuncia movilizaciones semanales en Galicia para mejorar las condiciones laborales y salariales en las residencias privadas de mayores
El sindicato CIG anunció este lunes en rueda de prensa un calendario de movilizaciones que comenzará este martes 5 de noviembre, a las 11:30 horas, frente a la residencia Domus VI de Pontevedra, en la Rúa Loureiro Crespo.
Según el sindicato, la última propuesta presentada en las negociaciones del convenio fue rechazada en asamblea por considerarla "unha tomadura de pelo", según Iván Veiga, secretario comarcal de CIG-Servizos.
Las protestas, que se prolongarán hasta mediados de diciembre, se llevarán a cabo semanalmente por toda Galicia, con la previsión de nuevas convocatorias en la zona de O Salnés.
Esta decisión fue adoptada después de que, tras seis reuniones de negociación iniciadas en febrero, las condiciones propuestas por la patronal fueran consideradas "moi negativas tanto a nivel económico como social".
Uno de los puntos más polémicos es la oferta de incremento salarial, que quedaría apenas 10 euros por encima del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año, y con cuatro categorías profesionales (recepcionistas, cocineras, limpiadoras y animadoras socioculturales) que aún estarían por debajo del SMI.
Además de las demandas salariales, la CIG denuncia las actuales condiciones de trabajo que afectan a la salud y el bienestar de las trabajadoras.
Entre las principales quejas figuran las jornadas anuales de 1.762 horas, con las trabajadoras pudiendo ser obligadas a trabajar seis días a la semana con solo un día de descanso, sin opción de reducir la jornada.
Según indican, en residencias como Domus VI la compensación de los festivos también es ineficiente, ya que las empresas no les ofrecen descanso en compensación, convirtiendo esos días en tiempo no reconocido como jornada efectiva.
En el ámbito político, el sindicato criticó el modelo privatizador del Partido Popular en la Xunta de Galicia, que, según la CIG, fomenta la entrada de fondos de inversión y capital privado, a costa de precarizar las condiciones laborales.
Destacaron que el 90% de las plazas en estas residencias están subvencionadas por la Xunta, e instaron a la administración autonómica a mediar en el conflicto.
Otras problemáticas también fueron expuestas en estas residencias de mayores, como la falta de personal adecuado al puesto de trabajo y el incumplimiento de los ratios de trabajadoras por usuario, situación que se agrava en turnos de noche o en fines de semana.
En algunas residencias, denuncian que solo hay dos gerocultoras y una enfermera para atender a más de 150 plazas, lo que causa una "atención deficiente", a pesar del esfuerzo del personal.
Además, las bajas laborales no son cubiertas, aumentando la sobrecarga en las trabajadoras activas, que en ocasiones son llamadas en sus días libres para cubrir turnos sin descanso adecuado.
Según representantes de la CIG y trabajadoras de tres empresas gestoras de residencias, la precarización de las condiciones laborales está provocando agotamiento físico y mental entre el personal, con crisis de ansiedad y bajas laborales constantes.
"Hay un perfil de gente que contratan; gente que saben que lo necesita. Y después llaman a la persona de día libre para cubrir los puestos cuando hay bajas. Juegan con la empatía de la gente", explican las trabajadoras para denunciar la situación que consideran abusiva por parte de las empresas: "vas porque, se non, sabes que quen o paga son os residentes".
También denuncian que la falta de control por parte de la Inspección de Trabajo y de respuesta por parte de las autoridades está agravando la situación.
Al compararse con el personal de las residencias públicas, estas trabajadoras indican que cobran 4.000 euros anuales menos de media y trabajan 200 horas más al año.
También señalan que en otras comunidades autónomas, como en el País Vasco, el personal de las residencias privadas cobra el doble que en Galicia y trabaja alrededor de 25 días menos al año.
Recuerdan que las residencias privadas para mayores en Galicia tienen un precio medio para el usuario próximo a los 3.000 euros mensuales.
La movilización de este martes en Pontevedra abrirá una serie de protestas que, de no obtener respuesta, abre la puerta al inicio de una huelga indefinida, según anunciaba Iván Veiga.