La Plataforma en Defensa da Praza de Os Praceres surgida hace ya cerca de dos décadas en oposición a la construcción de la vía del tren de acceso al puerto de Marín partiendo en dos la plaza pública de su parroquia sigue en la lucha y no está dispuesta a desistir de sus intenciones de recuperar su espacio público.
Esta semana acaba de enviar un requerimiento al Tribunal Superior de Justicia de Madrid insistiendo en que obligue al Ministerio de Fomento a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo que declara ilegales los actuales pasos a nivel.
El portavoz de la plataforma vecinal, Eladio Torres, explica que han decidido enviar ese requerimiento al juzgado una vez que, esperado "un tempo credencial" para que Fomento diese pasos para la ejecución de la resolución judicial, nadie ha hecho nada. Se ha demostrado, según el dirigente vecinal, que "non teñen intención de facer nada", pues desde el año 2000 han tenido tiempo a solventar la situación y nadie lo ha hecho, ni siquiera después de que la sentencia que ilegaliza los pasos a nivel haya sido declarada firme.
Eladio Torres sostiene que desde que existe esa sentencia del Supremo "todos os políticos no ámbito local e nacional que houbo en Pontevedra forman parte dunha trama organizada para non cumprir unha sentenza do máximo tribunal". Muy crítico con la actitud de Fomento y también del resto de administraciones, el colectivo vecinal no está dispuesto a que sigan ignorando a los tribunales y a los ciudadanos, de ahí este requerimiento.
El requerimiento recuerda que han transcurrido 14 años desde la primera sentencia que condena a la Admininistración General del Estado a suprimir los tres pasos a nivel del ferrocarril por la plaza de Os Praceres en Lourizán y "la ejecución ni siquiera está iniciada" y que la única alternativa que hasta ahora ha planteado Fomento, la denominada 3.1. que contempla enterrar el paso de vehículos y personas y no la vía del tren "no es viable".
Constatado que desde el Estado no se dan pasos, la plataforma decidió hacer este requirimiento y proponer que se ejecute la alternativa 2.2., que propone enterrar el paso del tren, y que, si nadie más hace nada, ellos pueden ejecutar la sentencia subsidiariamente encargando un proyecto técnico de supresión y una memoria económica para que la administración pague la actuación aunque no la asuma directamente.
Además de proponerse como voluntarios para contratar el proyecto técnico, también piden al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que imponga sucesivas multas coercitivas de 1.200 euros al responsable de la ejecución en tanto los pasos a nivel no queden suprimidos y la sentencia "no se llevada a su estricto y puro cumplimiento".