La sentencia del TSXG que anula la modificación del PXOM aprobada para frenar la instalación de crematorios en la ciudad es, según el gobierno municipal, un "problema" para toda Pontevedra y los "grandes prexudicados" son los vecinos. Así lo ha destacado la concejala de Urbanismo, Anabel Gulías, que analizó este jueves el fallo judicial.
Tanto el Concello como los vecinos, ha lamentado Gulías, se quedan sin "ferramentas" para luchar contra la instalación de crematorios en cualquier sitio del municipio, de ahí que entienda que esta sentencia no debería ser "excesivamente celebrada" por nadie, ya que deja a Pontevedra en una situación "peor" que al principio de todo este proceso.
La edil del BNG recordó que, en 2014, había hasta cinco crematorios en marcha. "Era desorbitado", añadió. La legislación que estaba en vigor era de ámbito autonómico y el gobierno municipal entendía que era "insuficiente", por lo que se optó por modificar el PXOM para establecer unos criterios "máis restrictivos".
Con la anulación de este trámite, todos los proyectos que se presentaron en su día vuelven a tener vía libre para construir los crematorios que impulsaban. De los cinco que había, al Concello le consta que siguen tramitándose dos: uno en San Mauro y otro en la antigua parcela del gimnasio Teucro, en Arzobispo Malvar.
El primero, dependiente de Funespaña, "está en trámites coa Xunta", según Anabel Gulías, para lograr la autorización ambiental; mientras que el segundo, impulsado por Alianza y Barros y Pompas Fúnebres -aunque por el momento solo como tanatorio-, está pendiente de informe de Patrimonio, tras la aparición de restos arqueológicos durante las excavaciones de la parcela.
Este último, ha señalado la responsable de Urbanismo, es "o que máis nos preocupa", ya que si la modificación del PXOM es anulada no tendría "máis impedimento" que la legislación de la Xunta en esta materia.
LA XUNTA EXIMIÓ DE INFORME AMBIENTAL
La sentencia basa su fallo en que la modificación puntual del PXOM aprobada por Pontevedra no contaba con el preceptivo informe ambiental, sin entrar en más consideraciones. El Concello recuerda que, en su día, preguntó al gobierno gallego si hacía falta este estudio ambiental y la Xunta dijo que, para este trámite, "non era necesario facelo".
Además, Anabel Gulías asegura que existe un "agravante a maiores". La suspensión de licencias para la instalación de crematorios caducó en marzo de 2015 y, según la ley vigente, no se podría pedir una nueva suspensión hasta dentro de cuatro años, es decir, en 2019.
En todo caso, los servicios jurídicos están examinando la sentencia, contra la que se puede interponer recurso ante el propio TSXG o el Tribunal Supremo en el plazo de 30 días. En el Concello "estamos por recorrer", pero Gulías ha explicado que "nos gustaría saber a opinión dos veciños", una vez hayan conocido el contenido íntegro del fallo y sus consecuencias.
El PP CULPA AL CONCELLO
Para los populares, la gestión "desastrosa" del gobierno municipal está detrás de esta sentencia. Aseguran que este asunto podía haberse evitado con la aprobación de un nuevo PXOM y que, la solución aplicada, era un "engaño más" del BNG a los vecinos de Pontevedra.
"La modificación puntual fue un parche, no una solución definitiva y por eso estamos ahora en esta situación", lamenta Jacobo Moreira, que instó al gobierno de Lores a "dejar de negar lo evidente" y comprender que Pontevedra precisa de un nuevo planeamiento urbanístico.