Las asambleas de trabajadores del transporte de viajeros por carretera realizadas en las cuatro provincias aprobaron por unanimidad ir a la huelga el 31 de marzo en demanda del desbloqueo de la negociación colectiva, según informaron los sindicatos CIG, UGT y Comisiones Obreras.
Denuncian que los cuatro convenios provinciales están paralizados y aunque Pontevedra mantiene las reuniones, en estas no se producen avances.
El día de la huelga, además de los habituales piquetes informativos, se harán concentraciones en las estaciones de autobuses de las siete ciudades gallegas. En Pontevedra será a las 18 horas.
Las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT ya advierten que "a la vuelta de Semana Santa las movilizaciones se intensificarán".
En este sentido, denuncian que a la "parálisis" de los convenios y a la no actualización de las condiciones laborales, salariales y sociales del personal, hay que sumar los "reiterados incumplimientos de los convenios colectivos por parte de la patronal", que llevaron la que hoy el sector esté "altamente precarizado".
Aunque en este sector a mayoría de las plantillas están formadas por trabajadores conductores, en los últimos años el colectivo de acompañantes, mayoritariamente integrado por mujeres, creció de manera considerable.
Los sindicatos aseguran que "estas trabajadoras padecen unas condiciones de precariedad absoluta, teniendo que aguantar contratos de hasta media hora o una hora e incumplimientos salariales continuos".
"A las nefastas condiciones del personal se le añade el estado lamentable de la flota de autobuses, con vehículos muy viejos que sufren averías constantes que ponen en riesgo a seguridad en el transporte", apuntan.
Las tres centrales sindicales responsabilizan a la Xunta de esta situación, "tanto la Consellaría e Infraestruturas e Mobilidade como la Consellaría de Educación, que permanecen ciegas y sordas ante los problemas del sector y ni siquiera respondieron a las múltiples denuncias realizadas".
Afirman que la administración autonómica, en su momento, sacó unos contratos "infradotados económicamente", y "a pesar de esto la patronal se presentó incluso con rebajas de hasta el 30% sobre el precio de salida, con la idea de que podrían obtener beneficios a cuenta de explotar a las trabajadoras y trabajadores, precarizar las condiciones laborales y deteriorar la prestación del servicio hasta límites insospechados".