Los supervivientes del 'Sin Querer 2' y la armadora: cara a cara en el juzgado por los despidos tras el naufragio

Pontevedra
22 de julio 2019

El Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra celebró este lunes el juicio por la demanda presentada por ocho tripulantes, que consideran que la empresa cometió fraude al hacer a toda la tripulación una sucesión de contratos temporales que deberían ser fijos y que los despidos deben ser improcedentes

Tripulación del 'Sin Querer 2', antes de acudir al juicio en el Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra Cristina Saiz

El naufragio del barco 'Sin Querer 2', que se hundió el 19 de diciembre de 2018 frente a las costas de Finisterre con tres fallecidos y un desaparecido, ha llegado este lunes al juzgado. En la sala de vistas del Juzgado de lo Social número 2 de Pontevedra no se dirimieron las causas de la tragedia, que aún están siendo objeto de otra investigación judicial, sino lo ocurrido después: la tripulación superviviente fue despedida. 

El 'Sin Querer 2' naufragó cuando iban en la embarcación diez tripulantes. Los seis que lograron saltar a las balsas salvavidas y sobrevivir y cuatro marineros más que formaban parte de la tripulación del buque, pero no se encontraban a bordo en el momento del hundimiento, fueron despedidos el 26 de diciembre, siete días después. Todos ellos han demandado a la empresa armadora y se abrieron tres procedimientos diferentes. Uno de ellos ya fue juzgado hace dos meses, otro más está pendiente para septiembre y este martes se celebró el tercero. 

El juicio celebrado este martes revisa la demanda presentada por ocho de esos tripulantes, todos ellos integrantes de la tripulación permanente del 'Sin Querer 2'. En nombre de todos ellos, Ramón Ambrós, resumió el sentir de todos ellos al asegurar que la armadora "quería sacarnos de diante", como demuestra que en el primer día laborable tras la catástrofe "xa nos puxeron na calle".

"Moi preocupados pola nosa saúde e benestar non estiveron", lamentaban este lunes a las puertas de la Audiencia Provincial de Pontevedra. En el caso de este marinero, no estaba a bordo en el momento del naufragio al encontrarse de baja, pero relata que muchos de sus compañeros han quedado muy afectados por lo ocurrido y alguno sigue a tratamiento psicológico, lo que supone que la actitud de la empresa es, a su juicio, todavía más reprochable. 

 En la sala de vistas se mostraron dos posiciones totalmente antagónicas. Mientras que el abogado de los demandantes habla de que la empresa cometió fraude al hacer a toda la tripulación una sucesión de contratos temporales que deberían ser indefinidos a jornada completa y de que la jueza debe considerar el despido realizado días después como improcedente. Además, reclaman mayores cantidades en concepto de indemnización y que se considere que la antigüedad de la relación laboral de tres de ellos con la empresa era mayor a la reconocida por la empresa a la hora de despedirles.

Por su parte, la empresa se justifica en la "naturaleza de la actividad del sector del cerco" para asegurar que los contratos tenían que ser temporales y en que la relación laboral se extinguió de forma legal por el fin del contrato con el naufragio. Además, se reafirma en que las cantidades abonadas a los trabajadores son las correctas, basadas en "la costumbre del lugar" y el proceder habitual en la pesca del cerco. 

La empresa armadora, Pesquera Sin Querer, se opone a la demanda interpuesta por los ocho marineros asegurando que "no se ha producido fraude alguno" y responde que tres de ellos tendrían una antigüedad máxima de febrero y abril de 2014, fecha en la que fueron contratados por esta armadora por primera vez. Previamente, ya trabajaban en el mismo barco, pero éste se llamaba Praia de Portonovo y pertenecía a otra armadora, Hermanos Deza. Ya antes de la venta de la empresa, sus contratos se habían extinguido

Esta afirmación de la empresa la refrendó la representante legal de la otra empresa, que indicó que despidieron a toda la tripulación entre noviembre y diciembre de 2013 porque iban a dejar de dedicarse al sector pesquero. Posteriormente, la enfermedad del armador -fue diagnosticado de una dolencia terminal en enero y falleció en febrero de 2014- precipitó que vendiesen el barco a la nueva armadora. Aseguró que los despidos fueron previos a la venta del barco. 

Los demandantes aseguran que la armadora eligió los contratos "unilateralmente" y fijó la antigüedad "arbitrariamente" y aseguró que sus contratos tenían carácter fijo discontinuo, como demuestra que en 2017 habían trabajado para la misma empresa 339 días y en 2018, 321. Si se le suman las vacaciones, ni siquiera dan los días del año.