Mientras Meritxell Batet tomaba posesión como ministra de Política Territorial y Función Pública, ante el edificio de la Subdelegación de Gobierno de Pontevedra delegados sindicales de CSIF, CCOO Y UGT se concentraban por la mejora del empleo público en la Administración del Estado.
Los representantes de los trabajadores señalaron que la progresiva pérdida de puestos de trabajo en la Administración General del Estado junto las políticas del gobierno que apuestan por la privatización de servicios, está poniendo en peligro los servicios públicos, algunos de los cuales se encuentran al borde del colapso y precisan de soluciones urgentes.
Estas centrales sindicales han reivindicado más empleo y salarios dignos para los empleados públicos que, según han denunciado, han sido castigados de manera particular durante los últimos años para cumplir los parámetros de contención del gasto, tanto en la reposición de efectivos como en las condiciones retributivas y por los recortes efectuados.
Entre otras demandas, urgen a la nueva ministra a negociar una Oferta de Empleo Público para 2018 "suficiente para crear empleo neto" y también a eliminar los descuentos por incapacidad temporal, recuperar el carácter máximo de la jornada laboral, y desarrollar la jubilación parcial, entre otras materias.
Se reclama un salario mínimo de 1.200 euros y homologar las condiciones retributivas del personal laboral y el personal funcionario.
En definitiva, más empleo, derechos y salario.