La huelga de los funcionarios de Justicia que se prolongó entre febrero y mayo de 2018 y el parón de la actividad judicial derivado de la crisis sanitaria de la covid-19 este año 2020 han provocado una situación crítica en la Justicia pontevedresa, en la que el Colegio de Procuradores de Pontevedra alerta que se ha acumulado “un año de atraso” desde 2017.
Los procuradores elaboraron un informe sobre la actividad judicial de los últimos cuatro años en Pontevedra en base las notificaciones recibidas por los procuradores y detectaron "un importante atraso" en todos los juzgados del área de Pontevedra, que ya se arrastraba desde la huelga de 2018 y se agravó este año.
Según los datos que facilitan los procuradores, en el primer trimestre de 2018 la actividad cayó una media del 50% con respecto al año anterior, con caídas del 70% en algunos órganos jurisdiccionales, y en el segundo trimestre, un 25%.
Ya este año 2020, después de que a partir del 14 de marzo se paralizase prácticamente la actividad en los juzgados por el estado de alarma. En ese trimestre se constató un descenso del 18% y en el segundo trimestre, un 47%. La caída media del primer semestre fue del 32,64%.
Santos apuntó que el descenso en la actividad judicial causado por la pandemia se ha dejado sentir en todos los partidos judiciales, aunque de forma desigual, ya que el parón sufrido de enero a junio de este año con respecto a 2019 va desde el 10,93% de los juzgados de Lalín o el 20,68% de Cangas al descenso de más del 36% que experimentaron los juzgados de Cambados o Pontevedra.
El decano constata que se observó "un cierto restablecimiento" de la actividad a partir del tercer trimestre, pero señala que es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora "han sido insuficientes para resolver ese gran atasco acumulado".
Tras constatar esta situación, el decano del Colegio, Gabriel Santos, pide a las administraciones la puesta en marcha de un plan ambicioso, dotado de recursos materiales y humanos, para recuperar la actividad judicial.
Los procuradores insisten en que la paralización de los procesos judiciales es "mala para las partes, mala para los profesionales y mala para la sociedad en su conjunto", de ahí que pidan la creación de un plan de recuperación de la actividad judicial ambicioso, con más recursos materiales y humanos, para garantizar una Justicia más ágil y eficaz y, por lo tanto, más útil a la sociedad y al ciudadano.
El Colegio ofrece a las administraciones toda la colaboración de los procuradores de los tribunales de Pontevedra.