Los concejales del grupo municipal del Partido Popular en Pontevedra Rafael Domínguez y César Abal avanzaron este miércoles, en rueda de prensa, que están estudiando la posibilidad de denunciar judicialmente al Concello porque entienden que "ha sobredimensionado" el contrato de concesión del servicio de mantenimiento de parques y jardines.
Los populares se mantienen en su tesis a pesar de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya refrendó el procedimiento puesto en marcha por el gobierno local.
No es el único revés en este caso que ha sufrido el PP local en sede judicial. El último ha sido el archivo definitivo del caso Elsamex por parte de la Audiencia provincial iniciado a raiz de la denuncia formulada por el Partido Popular ante la Fiscalía, que luego judicializó el Ministerio Público, por las prórrogas irregulares a la anterior concesionaria del servicio de parques y jardines.
En este sentido, los concejales populares, Rafael Domínguez y César Abal, se consolaron con el hecho de que la labor del fiscal y de los magistrados "permitió conocer que el BNG mintió en todas y cada una de las explicaciones" que ofreció a los pontevedreses, y además "sabemos que no colaboraron con la justicia al no entregar toda la documentación exigida".
Se refieren los ediles del PP a este auto de la Sección Segunda de la Audiencia en el que apunta la existencia de fallos administrativos en las sucesivas prórrogas del contrato con Elsamex sin convocar un nuevo concurso y también reprocha al gobierno local que su "imprevisión, descoordinación, inacción e exasperante lentitude resulta a todas luces asombrosa".
Finalmente la Audiencia Provincial concluye, al igual que antes había hecho el juez de instrucción, que no existe el supuesto delito de prevaricación que denunciaba el PP, porque "os feitos en si mesmos non amosan a entidad suficiente como para que, neste sempre restritivo eido penal, se poida efectuar o correspondente reproche penal".
PEDIR PERDÓN
El concejal del BNG, Vicente García Legísima, advirtió a los concejales de la oposición que el Código Penal "é o último recurso que se debería utilizar na vida política" asegurando que "non é ningún xogo, é unha arma" por lo que "mal utilizado fai moito dano ás institucións e á propia administración de Xustiza".
Este miércoles los populares se preguntaron si el BNG "también le exige al fiscal que pida perdón por apreciar indicios delictivos y solicitar al juez la investigación del caso" y añadieron que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores y el resto de concejales nacionalistas "son los que realmente deberían pedir perdón a los pontevedreses por mentirles durante todo este tiempo", dijo Rafael Domínguez.
El portavoz del gobierno local, Raimundo González, fue el último en hacer declaraciones sobre este asunto afirmando que "si quieren seguir judicializando la actividad del concello es su problema, pero dado el varapalo que le dio la Audiencia casi estarían más guapos callados, porque el ridículo que hicieron fue espantoso".