El buque de carga 'Kristin C' que este martes había llegado al puerto de Marín con dos polizones a bordo ha abandonado ya la dársena. El barco se fue en la tarde de este miércoles antes de que la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) del Ministerio del Interior resuelva la solicitud de asilo político en España realizada por ambos polizones, una conducta que podría suponer la denuncia de la empresa consignataria por una infracción grave a la Ley de Extranjería.
Los dos polizones, que referían ser de origen sirio y palestino, formalizaron este miércoles la petición de asilo. La tramitaron agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de Pontevedra que subieron a bordo para entrevistarse con ellos acompañados de una intérprete de árabe para subsanar las dificultades de comunicación asociadas a que ninguno de los dos jóvenes hablan español.
Ambos polizones estuvieron asistidos por dos abogados de Marín que asumieron su defensa legal en el momento en que el barco atracó en puerto y anunciaron que querían pedir asilo político. Pese a que eran sus representantes legales, no se les comunicó directamente que el buque abandonaba el puerto.
Fuentes portuarias confirmaron que el buque, que llegaba al puerto de Marín procedente de Casablanca (Marruecos), tenía previsto desde un principio dejar la dársena ya este miércoles, tras cargar una importante cantidad de pasta de papel procedente de la factoría de Ence para transportarla hasta Polonia. A pesar de que le sobrevino la circunstancia de la petición de asilo, siguieron con sus planes y por la tarde se fueron.
Fuentes judiciales y policiales consultadas indicaron que la tramitación de asilo político tiene un plazo de cuatro días desde que se formaliza hasta que se resuelve y el buque debía permanecer en el puerto de Marín mientras se tramita. Dado que sigue en trámite y se fueron sin recibir respuesta de Madrid, según estas fuentes, la empresa consignataria del buque podría estar cometiendo una falta grave o muy grave.
La responsabilidad corresponde a la consignataria, responsable del buque y sus actuaciones durante el tiempo que permanece en el puerto. De hecho, fue la encargada de contratar los servicios de una empresa de seguridad privada que custodió a los polizones dentro del barco desde su llegada a tierra este martes hasta que se fueron.
Hasta el momento no ha trascendido si Extranjería ha realizado alguna denuncia, pero, en caso de que lo haga, las infracciones como las que podría haber cometido la empresa están penadas con multas de varios miles de euros, que supondrían, según el tipo de falta que finalmente se les atribuya, de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados; o de 10.001 a 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado incorrectamente.