Si hay una tapa estrella en los furanchos gallegos esa es, sin duda, los pimientos de Padrón. Al ver la normativa que ultima el Concello de Pontevedra para regular este sector, muchos se extrañaron al ver que no era una de las cinco tapas que se iban a servir en ellos. Pero los furancheiros han rectificado. Han optado, tras una votación interna, por no servir empanada o empanadillas y optar por los pimientos de Padrón.
Es la única novedad del último paso que esta ordenanza reguladora de los furanchos ha dado antes de su aprobación definitiva, que se producirá en el próximo pleno de la corporación municipal. El documento ha recibido el voto favorable y unánime de una comisión extraordinaria de Urbanismo, el departamento que dirige Antón Louro y que impulso esta ordenanza ya hace algunos meses.
Cuando entre en vigor esta ordenanza, los furanchos pontevedreses podrán abrir entre el 1 de marzo al 31 junio. Cada local podrá abrir un máximo de tres meses. Se incluye también un listado conjunto de tapas que se servirán en los furanchos (tabla de embutidos-quesos, oreja-chorizos, zorza-raxo, tortilla de patatas y pimientos de padrón). El horario será de 17.00 a 00.00 horas de lunes a viernes y de 12.00 a 01.00 horas en fines de semana y vísperas de festivo.
Los establecimientos furancheiros, que sólo se permitirán en las zonas rurales de Pontevedra, tendrán además prohibida la señalización del furancho a través de cualquier panel o indicativo que no sea una hoja de loureiro, tal y como establece la normativa. El vino que se venda tendrá que ser recolectado en el término municipal de Pontevedra o en su comarca, y deberán identificarse con el distintivo "Furanchos de Pontevedra", que servirá para garantizar al cliente la legalidad de los furanchos y su control de calidad.
Además, se crea el Registro Municipal de Furanchos de Pontevedra, en el que los establecimientos furancheiros tendrán que inscribirse obrigatoriamente para obtener el permiso de actividad, regularizar su actividad y adaptarla a la legislación vigente en materia urbanística, de prevención de riesgos y sanitaria, así como a las normativas sectoriales gallegas. Aparte, el establecimiento deberá disponer de una póliza de responsabilidad civil que garantice los posibles daños o problemas derivados de su actividad hasta un importe de 90.000 euros.