Los afectados por las preferentes tomaron la palabra en el Pleno de la Corporación provincial para solicitar la ayuda de la Deputación en diferentes actuaciones. Al arrancar la sesión plenaria, el presidente de la institución, Rafael Louzán, concedió la palabra a José Manuel Estévez, portavoz de la Plataforma de Vigo-Val Miñor, quien explicó que la intención de los afectados es presentar una "querella criminal" contra el Consejo de Administración de Novagalicia Banco.
"Esta acción ten uns custos, porque hai presentala na Audiencia Nacional", por lo que le solicitaron a la Deputación "que nos bote unha man non que precisemos e que asuma o custo do proceso polo menos nun terzo".
Finalmente reclamaron a la Corporación provincial que se reúna con el nuevo propietario de Novagalicia Banco, Juan Carlos Escotet Rodríguez, presidente de Banesco.
Reclamaron a la Corporación provincial que se reúna con el nuevo propietario de Novagalicia Banco
Hace unos días, Escotet se comprometió a "resolver" el problema de los afectados por la comercialización indebida de participaciones preferentes y deuda subordinada de Novagalicia Banco "en no más de 90 días".
José Manuel Estévez se dirigió a la Corporación para decirles que "entendan que a nosa desconfianza e moi grande e ainda que ese señor mereza certa cancha pedímoslle que traballen conxuntamente con ese señor para chegar ao único acordo ao que se pode chegar, que nos devolvan o cen por cen dos nosos aforros".
Además recordó que este mismo pleno de la Deputación trasladó hace meses su apoyo para pedir a retirada inmediata de las sanciones, sin embargo después de año y medio en la calle "lonxe de retiralas línchannos a sancións" por lo que exigieron que "traballen neste senso porque as multas son abusivas, non hai que ver só os feitos senón tamen a situación emocional na que se produce", afirmó este portavoz.
Sobre este aspecto, el presidente de la Diputación ha manifestado que la institución que preside tratará de mediar para resolver el problema de las sanciones "no que atinxe á Deputación" con lo que se inició un largo debate sobre la naturaleza de las sanciones impuestas. El portavoz de la Plataforma del Baixo Miño, Xulio Vicente, señaló las sanciones aunque han sido impuestas por otros organismos como ayuntamientos o agentes del orden público, han sido tramitadas por la Diputación a través del órgano recaudatorio de la institución, el ORAL. Por este motivo demandaron a la Diputación que se niegue a cumplir con este trámite.
EMIGRANTES RETORNADOS
Junto a los afectados por las preferentes ocupó el Salón de Plenos del Pazo provincial un grupo de emigrantes retornados gallegos que protestaban por el "saqueo" al que les somete el Ministerio de Hacienda por obligarles a tributar por las pensiones no declaradas desde el 2008 tras sus años como cotizantes en el extranjero más el pago de unos intereses y una sanción.
Aseguraron estar "encendidos" ante la intención de la Agencia Tributaria de reclamar a lo largo del 2014 a otros 30.000, este colectivo demandó a la Deputación que inste a Hacienda a dejar de multar a los jubilados, y a devolver lo ya recaudado este año en Galicia, más de 3,5 millones de los 25.000 emigrantes.
Desde los grupos provinciales del BNG y PSdeG-PSOE animaron al Partido Popular a proponer conjuntamente al Gobierno que cambie la ley para alcanzar la exención en aquellos casos de pensiones de retornados que no superen los 22.000 euros anuales.
Después de dos horas y media, los afectados anunciaron que dentro de un mes volverán a la Deputación y animaron al presidente provincial a darles antes una respuesta.