Este lunes 1 de abril los letrados del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra adscritos al turno de oficio empezaban una serie de medidas de presión destinadas a que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza de la Xunta de Galicia solucionase "importantes deficiencias que viene padeciendo el servicio del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita". Tras cuatro días de protesta, este viernes se han dejado sin efecto al obtener una respuesta positiva a todos sus planteamientos.
El decano del Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra, Ramón Jáudenes López de Castro, dio a conocer este viernes el acuerdo de la Junta de Gobierno. Aunque en los últimos días se le había pedido información puntual sobre el seguimiento de esta huelga a regulamiento, pero hasta este viernes no ha salido a relucir ningún dato porque "nuestra premisa es la discreción y la prudencia y no queríamos comparecer porque las negociaciones ya estaban muy avanzadas".
Finalmente salió a la palestra para anunciar: "hay fumata blanca". Las medidas acordadas en la Junta General Extraordinaria del 11 de marzo consistían en la reasignación de los medios humanos y materiales del Colegio destinados a la tramitación de los expedientes de justicia gratuita; la reducción de la prestación del Servicio de Orientación Jurídica (pasó a prestarse un único día a la semana, el miércoles, de 11.00 a 14.00 horas), remisión diaria de expedientes a la Comisión Provincial de Justicia Gratuita; reducción de letrados de guardia; actuación a reglamento en la asistencia a detenidos y menores; exigencia estricta en toda clase de diligencias de las formalidades legales; y asistencia exclusivamente a detenidos que no tengan designado previamente abogado.
Tras cuatro días de aplicación, entre el lunes y el jueves, no han dejado ningún incidente y desde este viernes no se aplican. De hecho, a lo largo de la tarde de este jueves se ha remitido una circular interna a todos los letrados adscritos al turno de oficio y asistencia al detenido indicando la nueva situación. Las negociaciones del Colegio permitieron obtener una respuesta positiva en relación a dos aspectos centrales.
El primero de los logros se refiere a que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ha resuelto limitar las reclamaciones que hacía a los abogados del turno de oficio en relación con los servicios prestados en el cuarto trimestre de 2011 y los primero y segundo de 2012, que ascendían a los 600.000 euros. Al respecto, el retraso en la tramitación administrativa por parte de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita había supuesto que no solo no se pagasen las asistencias realizadas puntualmente, sino que se reclamase a los letrados los pagos que se efectuaron en el pasado. Con el acuerdo recién alcanzado, estas reclamaciones iniciales se limitarán sustancialmente y tan solo afectarán a aquellos expedientes en los que el abogado concernido reciba del solicitante de la asistencia gratuita la minuta que llegara a cobrar.
Logran un paso importante en el camino paral a garantía de pago de las intervencións del abogado de oficio
El segundo logro hace referencia a que las gestiones realizadas por el Colegio han logrado un paso importante en la plasmación normativa de la garantía de pago de las intervenciones del abogado de oficio, con independencia de que se le reconozca o no a posteriori el derecho a litigar gratuitamente por la Administración. Según ha informado Jáudenes, la Consellería se ha comprometido por escrito a realizar las gestiones oportunas para elevar las peticiones de los abogados pontevedreses y que se tengan en cuenta a la hora de redactar el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que tiene en marcha el Ministerio de Justicia y que en su propuesta inicial no tiene en cuenta esta reivindicación básica e histórica de toda la Abogacía española.
El compromiso por escrito consiste en "apoyar la petición de la Abogacía Gallega de que la nueva Ley de Justicia Gratuita garantice que los abogados perciban las retribuciones por los servicios efectivamente prestados, sin perjuicio de las causas de reintegro a que se refiere la Ley 1/96, de asistenta jurídica gratuita" y, en consecuencia, exponer "en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia, a petición de los Colegios de Abogados gallegos, que se integre en el texto de la futura ley la garantía antes referida, de forma que, una vez esté en vigor, pueda ser de aplicación en el ejercicio de nuestras competencias al respecto".
Otro logro del Colegio de Abogados que ha llevado a dejar sin efecto las medidas adoptadas en la Junta General Extraordinaria del pasado 11 de marzo es que, también a petición de este órgano pontevedrés, el Consello da Avogacía Galega ha realizado comunicaciones a todos los presidentes de los Consejos Autonómicos y al presidente del Consejo General de la Abogacía Española para que su propuesta sea asumida por todas estas instituciones.
Jáudenes ha agradecido "el apoyo, la comprensión y la búsqueda de soluciones que resultasen menos lesivas para los ciudadanos" que ha recibido de los jueces de Instrucción de todos los partidos judiciales afectados durante los días de protesta, en especial del decano de los jueces de Pontevedra, Ignacio de Frías; el magistrado Xermán Varela; el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro; y el presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez.
También ha agradecido el respaldo recibido por parte del Consello da Avogacía Galega, por colegios de abogados de toda España y, en especial, el "inmediato apoyo" de Francisco Javier Lara Peláez, presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de la Abogacía Española, que "se puso a disposición del Colegio en todo momento".