Los abogados adscritos al turno de oficio y asistencia al detenido del Colegio de Abogados de Pontevedra iniciarán el próximo uno de abril, una huelga "a reglamento" con carácter indefinido.
En un comunicado oficial esta institución señala que los abogados tienen la "constante impresión" de que la Administración pública considera a la abogacía y a los Colegios de abogados como "un obstáculo permanente y con unos intereses opuestos a aquélla", lo que a su juicio "supone un claro desconocimiento de la labor social" que este colectivo está desempeñando.
El detonante de la crispación de los letrados del turno de oficio fue la entrada en vigor de un decreto de la Xunta que, según ellos, les impide justificar su trabajo ante la administración y cobrarlo hasta que ésta dicte una resolución expresa reconociendo el derecho del ciudadano a litigar gratuitamente. Además del retraso en la tramitación administrativa por parte de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita.
Por estos motivos la junta general extraordinaria del pasado lunes acordó la adopción de una serie de medidas de presión entre los que se encuentran la "reasignación de los medios humanos y materiales del Colegio destinados a la tramitación de los expedientes de justicia gratuita", así como la reducción de la prestación del servicio de orientación jurídica que pasará a prestarse un único día a la semana, el miércoles, de 11 a 14 horas.
Además acordaron la reducción de letrados de guardia y la "actuación a reglamento en la asistencia a detenidos y menores" con una "exigencia estricta en toda clase de diligencias de las formalidades legales".
Estas medidas se acuerdan con carácter indefinido y serán adoptadas por todos los colegiados adscritos al Turno de Oficio en este Colegio, a partir del día 1 de abril.
Todas estas medidas se adoptan con el carácter de indefinidas, sin descartar en el futuro la adopción de "otras que se estimen oportunas", y en tanto en cuanto no se atiendan las reivindicaciones del colectivo que entre otras cosas pasan por "garantizar en todo caso la compensación económica".
De llevarse efectivamente a la práctica, podrían producirse importantes disfunciones en la Administración de Justicia. "La solución está en manos de la propia Administración", concluyen.