En un encuentro con periodistas tras la Junta General de Accionistas celebrada este jueves en Madrid, el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, ha explicado que de los 600 millones de euros que la compañía tenía previsto invertir en el negocio de la celulosa sólo se mantendrán para este año 50 de los 300 millones que iban a ir para la fábrica de Lourizán. Por lo tanto los 550 millones de euros serán para la fábrica asturiana de Navia.
"Allí vamos a hacer todo lo que está previsto para Navia más lo que estaba previsto para Pontevedra", ha destacado.
La inversión de Ence en Lourizán se reducirá a cuestiones "de mantenimiento mínimo para sobrevivir y cumplir la ley" a partir del próximo año 2020 mientras no se resuelva el futuro judicial de la prórroga de la concesión de los terrenos que actualmente ocupa en la ría.
Colmenares también ha dicho que el Plan Social de ENCE que destina tres millones de euros anuales "por ahora, por este año seguirá" ya que "nosotros somos una empresa seria y está firmado y lo cumplimos", ha dicho sin avanzar nada más sobre el futuro.
EL TRASLADO "UNA QUIMERA"
Ignacio de Colmenares también indicó que no se construirá una nueva fábrica en otro emplazamiento ya que el traslado "es una quimera" debido a las "inversiones monumentales" que estima de entre 800 y 1.000 millones de euros "que haces para maximizar el resultado".
El consejero delegado de Ence ha abundado que para lograr el mayor rendimiento se precisan tres elementos que enumeró "un país con la madera barata y en España la madera no es barata, con mano de obra barata y buscar un país con seguridad jurídica", ha citado.
"No reinvertiríamos en Galicia, ni en Cantabria ni en Asturias", ha advertido.
"Donde no hay seguridad jurídica, manifiestamente, es en este país y desde luego yo no creo que mis accionistas me permitieran volver invertir en celulosa en España", ha justificado.
El vicepresidente de Ence y consejero delegado ha dicho que la propuesta del traslado "es una postura del ayuntamiento de Pontevedra, del BNG y del PSOE gallego para ahora no parecer los malos".
OTRO EMPLAZAMIENTO NO ES POSIBLE
El consejo de administración de Ence sostiene que "no hay otro emplazamiento posible para la fábrica". Así lo refleja un informe que han encargado a la empresa Idom para que analice los requisitos necesarios para la construcción de una fábrica nueva en Galicia "y no hay ninguno que reúna lo que tiene Pontevedra que es único".
A saber, Lourizán está situado al lado de un puerto (el 95% de la celulosa se exporta), tiene una red de alta tensión (porque la compañía es una importante generadora eléctrica), consume mucha agua todo el año y precisa estar cerca del mar para deshacerse del efluente. Y además requiere una conexión estratégica con la red de carreteras (entran en la factoría 300 camiones de madera al día).
SITUACIÓN DE LOS RECURSOS
La dirección de la pastera ha calificado de "sorpresiva y arbitraria" la decisión adoptada por la Administración ya que "el Estado pide al Tribunal justo lo contrario de lo que venía defendiendo hasta ahora" de manera que considera que "lo que estaba haciendo hasta ahora no era conforme a derecho".
La dirección de la compañía pastera ha admitido ante sus accionistas que el allanamiento de la Abogacía del Estado en los tres contenciosos contra la prórroga planteados por el Concello de Pontevedra, Greenpeace y la APDR "empeora considerablemente la situación procesal de Ence" por lo que ya han presentado un escrito en el trámite de alegaciones al allanamiento, que ha admitido por la Audiencia Nacional. En este escrito Ence pide que se desestime el allanamiento, una cuestión sobre la que el alto tribunal no ha resuelto todavía.
Colmenares precisó que Ence recurrirá en casación ante el Supremo si se declara nula la concesión y si fuese necesario litigaría hasta en el Constitucional y ante los tribunales europeos. Ence también contempla la posibilidad de que la Audiencia Nacional no considerase los escritos de allanamiento de la Abogacía del Estado. En ese caso los litigios seguirían su curso. El tercer escenario posible, según explicó Colmenares, es que el Estado le informase a la Audiencia Nacional de que sus escritos de allanamiento son contrarios a derecho y prosiga la defensa de Ence.
En cualquier caso Colmenares apunta que "aquí hay juicio para entre 4 y 6 años".
EL ÚNICO AFECTADO ES EL EMPLEO
Colmenares ha tranquilizado a los inversores asegurando que si finalmente se anula la concesión y la planta de Pontevedra tiene que cerrar, con el "balance sólido" actual de la empresa podrían mantener los objetivos que se recogen en su plan estratégico 2019-2023.
Finalmente el vicepresidente de Ence ha enviado el siguiente mensaje: "aquí sólo hay un afectado que es el empleo. Cinco mil familias viven de esto en Galicia. Y en un entorno en el que está cerrando Meirama, en el que va a cerrar una o dos plantas Alcoa, en el que puede cerrar Ferroatlántica, en el que acabará cerrando por el carbón As Pontes… una compañía industrial exitosa, invirtiendo… ¿quién tenía previsto invertir 300 millones en Galicia? nadie… pues que se carguen esta empresa es una irresponsabilidad tremenda".