Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, reiteraba este lunes su satisfacción por la sentencia de la Audiencia Nacional al considerarla "contundente" cuando expresa que no había lugar a la prórroga concedida a Ence en 2016 por el gobierno en funciones de Mariano Rajoy para permanecer en Lourizán durante 60 años más ya que la empresa pastera no justificó que la ubicación en la ría pontevedresa "fóra imprescindible para seguir producindo".
El regidor capitalino señaló que esta consideración debió de tenerla en cuenta el entonces presidente Rajoy y también Núñez Feijóo, al frente de la Xunta de Galicia, cuando firmó un convenio con la empresa "para xustificar que seguise producindo na ría". Fernández Lores calificó estas acciones por parte de los gobiernos del PP como "un cambalache, que se demostrou que foi unha fraude de lei".
En este sentido, lamentó el tiempo perdido tanto por la empresa como por la Xunta, responsable de ordenación del territorio y de política industrial en la comunidad autónoma, para buscar alternativas "que ten que haber". El máximo representante municipal asegura que no existe dinamismo económico, empleo ni futuro para una comarca mientras no se respete el medio ambiente y subrayó que "non hai futuro cando se está agredindo un espazo natural como a ría".
Lores también hizo referencia a que la sentencia está basada en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el desarrollo industrial que se permite en terrenos marítimo-terrestres en la que se citan actividades que por su naturaleza, con carácter excepcional y restrictivo, no puedan ubicarse en otro lugar, pero no por interés o la conveniencia de la empresa, señaló el alcalde insistiendo en que Ence no justificó que fuera imprescindible su localización en Lourizán durante este procedimiento judicial.
El regidor también declaraba que la empresa lleva años utilizando el espacio público que pertenece a toda la ciudadanía sabiendo que en 2018 "se tiña que ir" y que utilizaron influencia política, con cargos del Partido Popular en el consejo de administración de Ence y a través de lobbys, para intentar modificar la ley de Costas y aprobando la prórroga para mantener un "dereito de pernada industrial", aseguró Lores. "Non hai ningunha empresa á que se lle autorice a utilizar un terreo marítimo-terrestre como a Ence", añadió.
Entiende también que la empresa recurrirá la sentencia y eso les dará un margen de maniobra para analizar el futuro. "A primeira intención da empresa é quedarse onde está porque ten uns beneficios obvios: a rebaixa do canon da auga, cerca do porto, utiliza terreos públicos... e todo o mundo di que é unha das mellores pastas do mundo, ten mercado, pero se queren seguir producindo teñen que gastar os seus cartiños e buscar outros sitios", manifestó dirigiéndose a la dirección de la empresa.
Lores calcula que, poniendo una media de 50 millones de beneficio anuales durante 60 años, la empresa consiguió 3.000 millones de beneficios. "Hai marxe, moita marxe para facer unha instalación", insistió. Además, añadió que para mejorar tecnología punta y ampliar producción, el Ministerio de Transición Ecológica se comprometió a destinar fondos europeos en esos apartados para la creación de la nueva fábrica. "O que non pode ser é estar exclusivamente a ingresar, ingresar, ingresar, porque iso non pasa en ningunha empresa, que se poñan a traballar e busquen alternativa", señaló el regidor recordando que la empresa lleva 60 años en este espacio con un relleno de 600.000 metros cuadrados en la ría y que fue condenada por delito ecológico porque durante décadas emitió "a caño libre", aunque en los últimos tiempos mejorara sus emisiones.
"Espero que esta sentenza lles faga recapacitar e tomen o camiño de buscar unha alternativa viable para manter os postos de traballo e a produción", manifestó recordando que "ata esta sentenza non se lle mandou polas administracións centrais e autonómica unha mensaxe clara" a la empresa, que tiene que buscar una alternativa a Lourizán. "É a primeira mensaxe clara que recibe a empresa", señala Lores. que reconoce que la entidad pastera en la reunión con la ministra "non negou a posibilidade de estudar outras alternativas" al igual que los representantes de la plantilla a través del comité de empresa de la fábrica.
"DISPARAN MAL"
Lores recordó a parte de los trabajadores de Ence que le culpan de esta sentencia que se "están a equivocar de inimigo" e "disparan mal porque o alcalde de Pontevedra non é responsable da política industrial nin da política de ordenación do territorio", que corresponde a la Xunta, y se refirió a la declaración de terrenos "supramunicipales" realizada por Manuel Fraga, cuando presidía el gobierno autonómico, para "saltar as competencias do Concello", una decisión que todavía está pendiente de sentencia judicial.
Insistió en que una parte del personal de la fábrica tiene claro que hay que buscar alternativas y aseguró que "quen puxo en perigo os postos de traballo foi o cambalache do Partido Popular coa empresa buscando mecanismos ilegais", que, según Lores, ahora tanto la Audiencia como el Tribunal Supremo dejan claro en la sentencia que "non hai outro camiño que recuperar eses terreos de todos os pontevedreses".
Criticó que tanto Ence como la Xunta hayan mantenido durante los últimos años esa afirmación de que no hay otros terrenos para el traslado excepto los marítimo-terrestres que ahora ocupa la fábrica pastera. "Menudo papelón. Non é de crer. Teñen que buscalos", concluyó Lores.