Tras ocho años de obras, todavía no hay fecha para el final de las obras del primer tramo de la A-57, entre Vilaboa y A Ermida. Pero, mientras tanto, el Gobierno sigue avanzando en la tramitación del resto de la autovía, que prevé llegar hasta Barro y conectar allí con la AP-9.
Es en este momento donde, una vez más, vuelve a resurgir el rechazo vecinal a esta autovía. Los afectados por el trazado propuesto para el segundo tramo, entre A Ermida y Pilarteiros, alertan de que supondrá la destrucción de gran parte del rural pontevedrés.
Piden además la "máxima implicación" de la ciudadanía y, especialmente, de los partidos políticos municipales, para frenar un trazado que tendría un "enorme impacto ambiental".
Pero para el alcalde de Pontevedra, la A-57 es una "demanda histórica" de la ciudad y considera que "a única pega é que se tarde tanto" en ejecutar esta infraestructura. "Non podemos paralizala máis do que está paralizada e iso o ten que entender todo o mundo", ha sostenido.
Después de aprobarse el trazado, el Gobierno contratará la elaboración del proyecto constructivo y de ejecución, en donde el Concello pedirá que el itinerario previsto tenga el "mínimo impacto posible" para los vecinos que residen en las zonas más próximas.
"Non hai ningunha obra que non teña afectación", ha subrayado Miguel Anxo Fernández Lores, que ha reclamado que se atienda a las reclamaciones de los afectados y que, llegado el caso, se les pague un "prezo xusto" por las propiedades que les tengan que expropiar.
Asegura que, en el caso de las obras impulsadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana -antes Fomento- "sempre foi así" y a los vecinos se les correspondió "adecuadamente", sin que le consten quejas a este respecto.
Pontevedra, según el alcalde, "quere que se rematen as súas Infraestruturas", especialmente una autovía que funcionará como circunvalación de la ciudad y que será una alternativa "libre de peaxe" a la AP-9, conectando todos los polígonos industriales de la comarca.