Sin apenas avances. Así ha concluido la reunión que este miércoles ha mantenido el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, con representantes de los ministerios de Transportes y Transición Ecológica al respecto de las zonas de bajas emisiones.
Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán implantar estas zonas antes de 2023 y, por el momento, las directrices del Gobierno solo contemplan dos opciones: o implantar una tasa por circular por ciudades o prohibir el paso a coches que no tengan ecoetiquetas.
Pontevedra, junto con el resto de municipios que integran la red Ciudades que Caminan, apuestan por una "tercera vía", la reducción del tráfico a través de la reforma del espacio urbano, limitando la circulación a los vehículos "imprescindibles".
Siguiendo la estela del modelo urbano pontevedrés, que apuesta por decretar como zona de tráfico reducido todo el centro de la ciudad y los barrios de Monte Porreiro, Estribela y O Burgo, estas ciudades pretenden reducir así la contaminación provocada por el tráfico.
"Saímos un pouco decepcionados porque non avanzamos todo o que quixéramos", ha señalado el alcalde pontevedrés, que acudía a esta cita como presidente de la red Ciudades que Caminan. "Dá a sensación de que está todo parado", ha añadido.
Entre los dos ministerios, según Fernández Lores, aún no han logrado encajar las alegaciones propuestas por esta asociación, lo que ha generado una especie de "vacío legal" en el que las ciudades, a menos de dos meses, "non sabemos o que podemos facer e o que non".
Pontevedra, junto el resto de municipios que integran esta red, insisten en que su modelo "está dando resultados espléndidos" en la reducción de emisiones contaminantes, por lo que esperan que "teña cabida e encaixe" en la normativa de movilidad y transición ecológica.