Cuatro funerarias pontevedresas, Pompas Fúnebres, Alianza y Barros, Servicios Funerarios San Marcos y Albia Gestión de Servicios, negocian desde hace un tiempo crear un frente común para contrarrestar lo que califican como "monopolio" del crematorio que la empresa Funespaña impulsa en las inmediaciones del cementerio de San Mauro y que, por ahora, sería el único que cumple con los requisitos de la normativa que impulsa el Concello.
"Estamos en trámite de conversación", reconocía la gerente de Pompas Fúnebres, Nair Fernández, al término del pleno municipal que aprobó la modificación del PGOU que regulará los crematorios. "Lo que pretendemos es ir en contra de una medida que lo único que hace es perjudicar a unas empresas que durante décadas venimos prestando servicio en Pontevedra", explicó, acompañada de portavoces de otras dos funerarias.
Aseguran que "ante esa situación de monopolio debe haber algún tipo de intervención". Lo que no está tan claro es que vaya a ser la parcela que recientemente ofreció el concejal de Urbanismo, Antón Louro, dentro del propio cementerio de San Mauro. Es una solución, afirmaron, "que ni siquiera es manejable por parte del ayuntamiento porque hablamos de suelo público que tiene que pasar un procedimiento de concesión".
"Por lo que a nosotros respecta, esa parcela no es nuestra y no está disponible", insistió Nair Fernández. De ahí que tras estas conversaciones, "encaminadas a evitar que la libre competencia se vea vulnerada", este frente de funerarias invite al concejal socialista "a que sugiera qué tipo de parcela privada estaría legalmente amparada por esta normativa que no sea la que se le está bridando a Funespaña, que es la única beneficiada".
GRABARON A LOURO EN UNA REUNION
Además, Nair Fernández quiso defenderse de las acusaciones que se hicieron en el Pleno municipal contra Pompas Fúnebres, al denunciar públicamente César Mosquera que grabaron, sin consentimiento de Antón Louro, una reunión celebrada con él el pasado mes de noviembre. Reconoció que la empresa realizó esas grabaciones "para hacer constar lo que estaba sucediendo en esa reunión".
En este sentido, la gerente de Pompas Fúnebres aseguró estar sorprendida "porque un concejal de Urbanismo pueda manifestar algún tipo de miedo porque haya una certificación pública de lo que se dice en una reunión que entendemos no es privada sino pública". Afirmó que su empresa "nunca nos hemos ocultado y creemos que las administraciones deberían tener luz y taquígrafos en sus actuaciones y también en sus reuniones".
Por último, con respecto a los pasos que darán tras la aprobación inicial de la normativa urbanística que regulará los crematorios en Pontevedra, las funerarias avanzan que como afectadas "nos defenderemos en los tribunales que es a donde legítimamente podemos acudir". En este sentido, Fernando Gutiérrez, portavoz del Alianza y Barros, no descarta acudir a la vía penal, como ya ha hecho Pombas Fúnebres. "Tendremos que valorarlo con el departamento jurídico, en base a lo que nos asesoren", afirmó.