La salida durante la jornada del miércoles del barco que inspeccionará el pecio del Villa de Pitanxo en Terranova (Canadá) ha complicado las relaciones entre las familias de los 21 fallecidos en el naufragio y el Gobierno. Tras el hundimiento, las familias se habían mostrado muy críticas y beligerantes con la actuación del Ejecutivo, pero este mismo martes los ánimos parecían calmados tras una visita del delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. Este jueves, sin embargo, todo se ha complicado y las familias han vuelto a mostrar su rechazo al comportamiento de la Administración.
El buque de la empresa ACSM partió del puerto de Vigo tras recibir la autorización del Ministerio de Transportes, departamento que contrató el servicio, pero sin autorización de la Audiencia Nacional, órgano judicial que investiga el naufragio y que pidió esta prueba judicial de bajada al pecio.
A bordo, iban un perito judicial nombrado por la Audiencia, otro de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) y un tercero de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM), este como observador. No iban un segundo perito judicial que se encuentra fuera de España y tampoco un perito de parte solicitado por las familias.
Tras conocerse esta partida, un grupo de familiares de los fallecidos se concentró este jueves a las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para cuestionar esta salida y también que el Gobierno no responda a su petición de explicaciones. Temen que esta forma de proceder pueda ser motivo de impugnación de una prueba crucial para investigar lo ocurrido.
Además, durante la mañana de este jueves, el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha recibido varios escritos sobre este tema. Según han confirmado fuentes judiciales, en uno de ellos, las familias piden que el buque regrese a España para que puedan ir todos los peritos y que la salida sea con autorización judicial. Piden, además, que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.
Fuentes oficiales de la Audiencia Nacional confirman que el juez instructor, Ismael Moreno, no autorizó la salida del barco y que en dos ocasiones le recordó al Ministerio de Transportes que era el juzgado el que debía coordinar la expedición, la fecha de partida y los peritos que iban a bordo. Se lo recordaron el 8 de mayo en una providencia y, este miércoles, cuando le comunicaron la salida, de nuevo.
Pese a esta indicación judicial de que la coordinación y la decisión sobre los peritos de parte que debían ir a bordo correspondía a la Audiencia Nacional, el buque partió.
La Audiencia Nacional está también ahora a la espera de un informe de la Fiscalía para decidir si adopta medidas y se aceptan los escritos presentados por las partes.
La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, trasmitió este jueves que "el Gobierno ha cumplido, ha montado el procedimiento administrativo que ha permitido que el operativo de salida del barco sea posible" y que envió al juzgado toda la documentación requerida, ya el día 10 y de nuevo esta semana.
Según explicó, se autorizó la salida del barco porque "desde el punto de vista administrativo no había ningún inconveniente" y que la Delegación del Gobierno en Galicia comunicó este miércoles a las familias la partida del barco.
Recordó, además, que en el barco van tres peritos, uno de ellos judicial, y que al otro perito judicial de la Audiencia Nacional, que no se incorporó, hoy en día podrían ponerse medios a su disposición para que llegue hasta Terranova.
La portavoz de las familias, María José de Pazo, relató el disgusto que existe entre los afectados porque "esta prueba puede ser puesta en cuestión, el objetivo que perseguimos para estos 21 y para toda la gente del mar se puede poner en cuestión" al partir el barco sin respetar los criterios del juez.
"Nosotros, más que nadie, queremos que salga ese barco , pero tiene que ser cumpliendo todas las garantías para que luego nadie ponga en cuestión la validez de esta prueba", recordó, enfadada también porque hoy la Delegación del Gobierno le colgó el teléfono cuando le pidió una reunión con el delegado: "No hay derecho, nos produce indefensión", insistió.
Ve "una falta de respeto" la falta de comunicación del Gobierno y señala que todo lo que está ocurriendo "nos hace sospechar que aquí hay algo muy extraño".