Las familias de los 21 marineros fallecidos o desaparecidos tras el naufragio del Villa de Pitanxo han remitido sendos escritos al Juzgado de Marín y a la Audiencia Nacional pidiendo que adopten medidas cautelares para evitar que el patrón del buque hundido, Juan Padín, embarque en otro barco.
Estas peticiones las realizaron ya formalmente este martes "ante los persistentes rumores de embarque" del patrón en un buque de la misma empresa armadora que el Villa de Pitanxo, Pesquerías Nores.
Han dirigido sus escritos a ambos órganos judiciales porque, casi tres meses después del naufragio, todavía no se ha resuelto el lío judicial sobre qué juzgado es competente para instruir la causa. Tanto la Audiencia Nacional como el Juzgado de Marín han rechazado ser los competentes para la instrucción y todo apunta a que finalmente se resolverá en una cuestión de competencia en el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, las familias han decidido dirigirse a ambos juzgados y pedir medidas cautelares por varios motivos. El primero, según ha explicado la portavoz de las familias, María José de Pazo, por el "temor de que se pueda llegar a repetir la desgracia acaecida el 15 de febrero" en aguas de Terranova, cuando un pesquero al cargo de Padín se hundió con 24 personas a bordo, de las que tan solo tres sobrevivieron.
Además, hablan de "temor de una reincidencia delictiva" y recuerdan que el auto del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por el que se inhibía en Marín para instruir la causa habla de "supuestos delitos cometidos en un buque español hundido en aguas internacionales" y recoge un informe previo de la Fiscalía que señala que hay indicios "suficientes" que permiten imputar, al menos, 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tantos contra los derechos de los trabajadores.
"Son delitos graves que están siendo investigados", recuerdan las familias, y añaden que en casos similares previos estas medidas que ellos solicitan "han sido consideradas".
En estos momentos, el patrón podría embarcar en cualquier buque porque existe una investigación judicial abierta y la Guardia Civil de Pontevedra continúa investigando los hechos, pero él no figura como investigado y, por lo tanto, no existen medidas que le impidan la libertad de movimientos.
Las familias creen que es necesario acordar como medida cautelar lo que "recoge la ley en estos casos", esto es, retirada de pasaporte y obligación de estar localizable en todo momento.
María José de Pazo señalan que se quedaron "muy sorprendidas" ante la posibilidad de que Padín vuelva al mar, pues, según su valoración personal, lo habitual, cuando una persona sufre un naufragio de estas características, es que precise un tiempo para ir "gestionando interiormente todos estos traumas".