El Pleno del Concello de Ponte Caldelas aprobó este jueves una moción de urgencia por la que vuelve a instar a la Xunta de Galicia a aprobar el reglamento urbanístico que permita dar licencias municipales en el suelo industrial de la Central de Transportes, acabando así con una paralización que dura ya 20 meses "sin motivo alguno".
La moción salió adelante con los votos del Gobierno local (PSdeG-PSOE, AVP y BNG), mientras que el PP pasó de anunciar su voto en contra a abstenerse en la votación final. El pasado mes de julio de 2017 el PP votó en contra de un texto muy parecido, alegando que el reglamento sería aprobado por la Xunta en "poco tiempo". En esta ocasión, casi un año después y admitiendo que desconoce los motivos de la parálisis, se comprometió a hacer "gestiones con la Xunta".
El alcalde, Andrés Díaz, justificó la urgencia de la moción alegando que la media docena de empresas interesadas desde hace tiempo en instalarse en la Central de Transportes están comenzando a buscar alternativas. Una de ellas está a punto de instalarse en el polígono de A Reigosa, en Ponte Caldelas, pero otra está negociando la compra de una parcela en el polígono de Barro-Meis. "No entendemos los motivos por los que la Xunta de Galicia quiere fomentar la fuga de empresas y la pérdida de puestos de trabajo en Ponte Caldelas, nos parecen algo inaudito", remachó. Los portavoces de AVP y el BNG coincidieron en su incredulidad y en la necesidad de "dar un tirón de orejas".
La Central de Transportes, con sus 86.963 metros cuadrados, es hoy un terreno abandonado, donde sólo se instaló una gasolinera low-cost. Aunque este espacio industrial está cedido al Concello está regido por el Plan Sectorial del polígono de A Reigosa, por lo que las licencias municipales deben sujetarse sus estipulaciones de este ordenamiento urbanístico autonómico. Fue configurada cómo seis grandes parcelas que no encontraron salida en el mercado. Así, en 2007 se dio licencia para la subparcelación, pero nunca se llegó a desarrollar con la aprobación de un reglamento para establecer la normativa aplicable en materia de alineaciones de fachadas, distancias a colindantes, fondo edificable, muros de cierre, etcétera, parámetros imprescindibles para la tramitación y concesión de licencias municipales a los empresarios interesados en instalarse.
Ante esta situación, el Concello de Ponte Caldelas tomó la iniciativa y redactó una propuesta técnica de reglamento urbanístico que entregó al Instituto Galego da Vivenda e Solo para su aprobación formal en noviembre de 2016. Debido a la falta de respuesta, en julio de 2017, el Pleno aprobó una moción para recordarle a la Xunta su tardanza en aprobar el reglamento. El acuerdo se reiteró este jueves.