Pontevedra no cobrará tasas a los coches que accedan a sus zonas urbanas ni tampoco impedirá circular a los vehículos que más contaminan. Para cumplir la ley de cambio climático, el Concello optará por una tercera vía: convertir gran parte de la ciudad en zona de tráfico reducido.
El gobierno municipal entiende que crear estas áreas de bajas emisiones, a partir del modelo urbano implantado en Pontevedra, y avanzar en los compromisos recogidos en el plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) será suficiente para solventar los requisitos legales.
"Somos o único concello do Estado que xa chega a cifras e logros que converxen amplamente co espírito da lei", ha sostenido la portavoz municipal, Anabel Gulías, que ha añadido que Pontevedra considera que cumple los objetivos de reducción de tráfico y de mejora de los parámetros ambientales.
Así, a partir de 2023, la zona de tráfico reducido de Pontevedra se extenderá a lo largo de unas 510 hectáreas. No solo abarcará el casco urbano sino que, según ha adelantado Gulías, se incluirán en esta área los barrios de Monte Porreiro, Estribela y O Burgo.
El Concello defiende que esta es la única forma de que los cambios legislativos que, en materia de transición ecológica, ha adoptado el Gobierno estatal no repercutan en el bolsillo de los ciudadanos y no se tenga que restringir el acceso a ciertas partes de la ciudad.
"Nós non imos tratar o espazo urbano de forma discriminatoria e non equitativa. Non podemos dar un paso para atrás", ha subrayado la edil del BNG.
El PMUS, que ha sido aprobado este lunes vía decreto del alcalde, vendrá acompañado ya de la petición de fondos europeos, dentro de la convocatoria del plan de recuperación, transformación y resiliencia impulsado por el Gobierno, financiado a través del programa Next Generation.
Pontevedra aspira, en una primera remesa, a conseguir de Europa casi 3,1 millones de euros para financiar dos de los proyectos que se recogen en este documento.
El primero de ellos es la humanización de la Rúa da Santiña, en el barrio de O Burgo, que se plantea convertir en la vía de plataforma única y de preferencia peatonal, apostando porque por ella solo circulen los coches que sean necesarios, sus residentes fundamentalmente.
Esta reforma tendría un coste de unos 1,8 millones de euros.
La otra actuación está pensada para ampliar la red de cámaras que maneja la Policía Local a través de la central de control de tráfico. Esto obligará a ampliar los servidores informáticos.
Además, el Concello quiere instalar sensores para medir la calidad del aire en tiempo real en varios puntos de la ciudad y paneles con información sobre el estado de los aparcamientos disuasorios, los indicadores del aire o situación de la circulación.
Toda esta información, según Eva Vilaverde, responsable de Seguridade Cidadá, permitirá "mellorar os tráficos na cidade", al poder monitorizar no solo el tránsito de los coche sino también de peatones, bicicletas y patinetes, entre otros.
En todos los casos, ha matizado la responsable municipal, toda la información recogida se tratará de manera "estrita", cumpliendo con la ley de protección de datos y el derecho a la privacidad.