El Partido Popular no cree necesario que la Xunta emita un nuevo informe que señale si la prórroga concedida a Ence es conveniente o no.
Así, los populares han impuesto su mayoría absoluta en el Parlamento gallego para rechazar la iniciativa presentada por el PSdeG-PSOE que, sin embargo, encontró respaldo en el resto de los grupos de la oposición, BNG, Alternativa Galega de Esquerda y las diputadas del grupo Mixto.
En la propuesta socialista, la diputada Patricia Vilán acusaba al presidente de la Xunta de eludir el informe medioambiental "para permitir a prórroga da factoría" en Lourizán y recordó que el gobierno gallego evitó "deliberadamente" hacer valoraciones medioambientales contrarias a la instalación, tachando su postura como "farsa". Por ello, reclamó un nuevo informe que sea vinculante.
Tras recordar el "rechazo vecinal" a la compañía, Patricia Vilán acusó a Feijóo de "mentirnos a todos" cuando se presentó a las elecciones autonómicas en 2009 y 2012, incluyendo en su programa que Ence saldría de la ría en 2018, año en el que finalizaba su concesión. Un cambio de postura, ha señalado, que ha hecho que el PP pase a "permitir, tolerar e aceptar" la prórroga a Ence durante 60 años más "por só 61 millóns de euros".
Pero Jacobo Moreira, desde el PP, calificó esta petición de "extemporánea" al haberse cerrado ya el procedimiento administrativo por el que se ha concedido la prórroga. Reiteró además que el cambio de postura de los populares se debió a la "defensa do emprego" y que la modificación de la ley de Costas abrió "outras alternativas" para la continuidad de la pastera en la ría.
Además, Moreira negó que el PP haya incurrido en "trato de favor" a Ence como sugirió la diputada del BNG Ana Pontón, al asegurar que sus "aliados" son solo los trabajadores.
Pontón ha señalado que la prórroga a Ence "consolida un modelo insostible dunha grande empresa contaminante que hipoteca o futuro da ría e desa comarca" y destacó que la corrupción "está instalada tamén dentro da legalidade cando se lexisla a favor de empresas privadas".
En este mismo debate, Juan Fajardo (AGE) calificó la decisión del gobierno en funciones como una "cacicada" y lamentó que la Xunta no haya defendido los intereses públicos.