La Xunta de Galicia, obligada en firme a restaurar y mantener el Pazo de Lourizán

Pontevedra
05 de mayo 2022

La sentencia que condena a la Xunta de Galicia a realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento del Pazo de Montero Ríos, en Lourizán, ya es firme. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, después de que el gobierno gallego no haya recurrido esta decisión judicial

Pazo de Lourizán
Pazo de Lourizán / Juan Mejuto

La sentencia que condena a la Xunta de Galicia a realizar las obras de rehabilitación y mantenimiento del Pazo de Montero Ríos, en Lourizán, ya es firme. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, después de que el gobierno gallego no haya recurrido esta decisión judicial.

El alto tribunal gallego le da a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda un plazo de diez días para que "leve a puro y debido efecto" su decisión, es decir, que cumpla los contenidos de la sentencia.

Así, con arreglo con el convenio firmado entre la Xunta y la Deputación de Pontevedra en el año 2000, el gobierno gallego está obligado a efectuar las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de la zona noble de la Finca de Lourizán, declarada como Bien de Interés Cultural.

Tras la primera sentencia del TSXG, el pasado mes de febrero, la Xunta defendió que "incluso antes de conocer el contenido y alcance de este fallo" ya había iniciado las obras de mejora de las condiciones de conservación del Pazo de Lourizán. 

En este plan de actuaciones, el gobierno gallego incluía la reposición de la cubierta de loseta y retejado puntual, la limpieza de canalones y bajantes, la sustitución de canalones y gárgolas de plomo por zinc, la limpieza e impermeabilización de terrazas, la sustitución del lucernario, la impermeabilización de carpintería, la renovación de la instalación eléctrica y la limpieza de las terrazas pequeñas. 

La Deputación considera que estas obras, valoradas en unos 208.000 euros, son "totalmente insuficientes", ya que la memoria técnica elabora por el servicio provincial de Arquitectura, cifraba en 14,2 millones la inversión necesaria para la rehabilitación integral del inmueble.

Sobre el fallo judicial se pronunció la presidenta del ente provincial, Carmela Silva, quien mostró su satisfacción por la decisión al afirmar que "os convenios teñen rango de norma e hai que cumplilos". Remarcó que el contenido del acuerdo dejaba bien claro que era la Xunta la que debía asumir las labores de rehabilitación y mantenimiento de un pazo de que es "precioso e extraordinario".

Pide ahora la mandataria socialista a la Xunta que aporten los recursos necesarios, que en un primer momento habían cifrado en 14 millones de euros, pero que con el deterioro actual y el paso del tiempo serán "uns vinte millóns, pero a Xunta ten capacidade e será unha gran noticia", concluyó la presidenta.