La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, señalaron este viernes que la nueva ley de ordenación y gestión integrada del litoral garantiza la seguridad jurídica necesaria para que el Concello de Cambados pueda seguir adelante con el Plan especial de ordenación para el puerto de Tragove y San Tomé
Se trata de un instrumento que comenzó a tramitar en el año 2014 y que pese al interés estratégico que tiene para el municipio y el tejido empresarial no logró aprobar aún debido, según la Xunta, "ás trabas recibidas por parte do Goberno do Estado".
Un mes después de la entrada en vigor de la nueva ley del litoral gallega, la vicepresidenta y el conselleiro visitaron este viernes Mariscos Linamar para garantizar que con el actual marco normativo el desarrollo previsto para la zona portuaria cambadesa es posible y tiene amparo legal.
Tras explicar que esta empresa es una de las principales afectadas por el "bloqueo" del plan especial ya que cuenta con un proyecto estratégico para sus instalaciones en Tragove que no puede ejecutar, la vicepresidenta segunda destacó que "fronte ás interpretacións restritivas da Lei de costas que leva anos facendo o Goberno do Estado, a normativa galega regula de forma clara e obxectiva as actividades e usos estratéxicos que pola súa función poden ocupar o dominio público marítimo-terrestre".
En concreto, Ángeles Vázquez destacó dentro de este grupo a las empresas de la cadena mar-industria y a las instalaciones que les dan servicio por lo que emplazó al Concello de Cambados a retomar la tramitación del plan diseñado para desarrollar la zona portuaria con la tranquilidad de que "coa nova lei xa non hai obstáculos" para su aprobación.
En este sentido, la vicepresidenta recordó que el año pasado Costas emitió un informe desfavorable sobre las depuradoras de marisco localizadas en el espacio portuario cambadés con el argumento de que no es un uso necesario para el puerto y que, por consiguiente, deben localizarse fuera del dominio público marítimo-terrestre una vez finalizadas las concesiones.
Según explicó, "esta interpretación por parte do organismo estatal non ten cabida xa tras a aprobación da Lei do litoral galega", en la que se recoge claramente que los establecimientos de la cadena mar-industria pueden ocupar terrenos del dominio público cuando requieran de la captación y retorno del agua del mar para el desarrollo de sus procesos productivos, como es el caso, por ejemplo, de una depuradora de marisco.
El conselleiro de Mar, por su parte, destacó que la Ley de ordenación y gestión integrada del litoral pretende "aportar seguridade xurídica ás empresas do sector exercendo as competencias que ten a comunidade neste eido".
Esta norma, añadió, dará a empresas como Mariscos Linamar la estabilidad que precisan para desarrollar su actividad, "sen trabas inxustificadas e exercendo como ata o de agora o seu papel de elo esencial da cadea mar-industria, conectando o sector produtor co comercializador".
Alfonso Villares aseguró que la nueva regulación "vai acabar cos temores do sector sobre o seu futuro e a arbitraria interpretación da normativa de Costas que estaba a facer o Goberno central, poñendo en risco a continuidade de empresas que teñen demostrado o seu compromiso co medio ambiente e co territorio".