El terremoto derivado de la filtración del fragmento de un vídeo del presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, dirigido a la plantilla de la fábrica de Lourizán sigue generando réplicas.
Si socialistas y nacionalistas exigían al dirigente que aclarase sus palabras sobre la falta de seguridad de la planta, el comité de empresa denuncia la falta de implicación de la empresa y la Xunta, mientras que la sección sindical de CC.OO, que representa a otra parte de los trabajadores, ha acusado este martes al Gobierno de desviar la atención, aseguran que la pastera es segura e insisten en su petición de modificar el artículo 18.4 de la nueva Ley del Cambio Climático para evitar el cierre inmediato de la factoría de la ría de Pontevedra.
Apoyada por representantes de colectivos empresariales como la Cámara de Comercio o la Plataforma Pro Industria, la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence, Ana Cedeira, expresó su malestar por la "desconceptualización" de las palabras de Colmenares y pidió centrar el discurso en las consecuencias de la aprobación de la nueva ley, que significará la destrucción de unos 5.000 puestos de trabajo, asegura la representante sindical de Comisiones Obreras.
Después de despejar cualquier tipo de duda sobre la falta se seguridad de la empresa, Cedeira arremetió contra el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, pidiendo su cese inmediato. "Ence no es Alcoa, Ence no necesita un plan de industria, lo que necesita es seguridad jurídica para poder invertir 200 millones de euros en su planta de Lourizán", alza Cedeira la voz.
Critican también el rechazo de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para reunirse con representantes de los trabajadores por lo que apelan ahora al diputado socialista por Pontevedra, Guillermo Meijón, para que medie para formalizar un encuentro. Afean también la posición de Losada de no citar a los representantes de Comisiones Obreras y sí a los de UGT y CIG a la entrevista con el comité de empresa. "El PSOE se reúne solo con una parte del comité, a la que le gusta lo que van a oir", dijo.
No obstante, otras fuentes aseguran que este sindicato sí que estaba citado a la reunión con el delegado del Gobierno, Javier Losada.
Sobre las declaraciones del presidente de la firma, Cedeira se escudó en que es un breve extracto de un mensaje de más de una hora y que, según ella, se ha sacado de contexto. "Ence es segura", sentencia y asegura que lo seguirá siendo siempre que sea aporte seguridad jurídica para realizar las inversiones pertinentes.
Por todo ello, desde Comisiones Obreras mantienen su calendario de movilizaciones que contempla una concentración este viernes frente a la sede del Ministerio de Transición Ecológica en Madrid y una semana después una marcha a pie hasta Santiago para protestar delante de la sede del PSdeG-PSOE.
Por otra parte, desde la Cámara de Comercio y la Plataforma Pro Industria mostraron su preocupación por la inseguridad jurídica que genera a las empresas ubicadas en el dominio marítimo terrestre la redacción de los artículos 18.4 y 18.3 de la nueva ley del Cambio Climático que limitará la duración de las concesiones a estas entidades.
Desconfían de las palabras del Gobierno, que asegura que la nueva norma no tendrá carácter retroactivo y exigen que anulen o modifiquen estos artículos para que el compromiso quede tembién recogido por escrito. "¿Por qué nos tenemos que creer que no va a ser retroactiva?, ¿por qué tienen que tener una pistola cargada apuntándonos y creer que no van a dispararla?", se pregunta el directivo de la Cámara de Comercio, Eduardo Barros.
En una línea similar se posicionan en la Plataforma Pro Industria, desde la que lamentan el negativo efecto llamada que tiene para Pontevedra la postura de algunos grupos políticos con respecto a Ence a la hora de atraer otras industrias.
APOYO DEL PP
Esta misma tarde de martes, representantes de Comisiones Obreras en el comité de empresa de Ence mantuvieron un encuentro con el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafael Domínguez, en la que analizaron las "graves consecuencias" del cierre de la fábrica para la capital.
El líder de la oposición, que acudió el encuentro acompañado por el concejal Pablo Fernández, afeó la actitud del Concello hacia este conflicto. "Es inaudito que el alcalde y su equipo apoyen una medida tan perjudicial para el tejido empresarial pontevedrés. El pan de 5.000 personas está en juego. Si el paro en Pontevedra ya es un problema central, la situación será muchísimo peor", recalcó el edil popular.