Un nutrido grupo de vecinos de Ponte Sampaio acudió en la noche de este viernes a la reunión convocada por la plataforma 'Residuos Non' nacida en oposición a la futura planta de compostaje de A Canicouva para ponerse al día de las últimas novedades de este polémico proyecto y las acciones que están realizando los opositores. La masiva afluencia de vecinos contrarios al proyecto no se tradujo en ningún acuerdo, pero sí puso de manifiesto que la preocupación vecinal sigue igual de activa que meses atrás y, además, salió a la luz un nuevo foco de disgusto: la actitud de la Deputación Provincial de Pontevedra.
El portavoz del colectivo, Eugenio Peón, ha explicado que la plataforma solicitó una reunión con la presidenta de la Deputación, Carmela Silva, hace más de tres meses "pero non nos fai caso tampouco a señora presidenta", situación que genera malestar entre los vecinos de la parroquia pontevedresa.
La reunión sirvió para que los miembros de la directiva de la plataforma diesen cuenta de las novedades al resto de vecinos, pero apenas pudieron trasladarle información nueva porque "hai moito secretismo" y todos los datos que van conociendo son "a contagotas" y de forma extraoficial. "O Concello está xogando coas cartas escondidas, todo se leva en segredo", aseguran.
De hecho, han solicitado tener el acceso al proyecto, pero no lo han conseguido y solo saben "extraoficialmente" que se ha adjudicado la parcela de A Canicouva en la que instalará la futura planta y cuál es.
Otro foco de malestar vecinal son unas declaraciones recientes del vicepresidente de la Deputación, César Mosquera, que les reprocha que su interés a la hora de oponerse a la planta es económica. Le responden asegurando que "nós non pedimos nada, o que non queremos é que nos prexudique a auga", en referencia a que más de 400 vecinos de Ponte Sampaio se nutren de agua de manantiales y depósitos procedentes de la zona en la que se proyecta la planta, de modo que se quedarán sin su servicio.
La plataforma seguirá pendiente de proyecto y no descarta llevar alguna parte del mismo al juzgado, pero no hay ninguna decisión tomada, pues carecen de los fondos necesarios para soportar el precio de un proceso judicial que, además, seguirían contra el Concello de Pontevedra, "que o paga cos nosos cartos, cos de todos".