La Asociación Plataforma Defensora da Praza dos Praceres ha interpuesto recurso de reposición contra el acuerdo de la Xunta de Goberno Local do Concello de Marín, de 29 de enero de 2015, por el que se otorgó a Cabomar Congelados,S.A. licencia de legalización de nave industrial y de obras en la zona portuaria de Marín. Piden al concello que anule las licencias de legalización y obras, así como el cese de la actividad que se viene desarrollando en la nave.
Desde el gobierno local de Marín informarón que se tramitará el recurso administrativo por los cauces ordinarios y se resolverá con los informes que sea preceptivo emitir y añadieron que "la licencia municipal se otorga cumpliendo el Plan Especial del Puerto y de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos favorables, como acto reglado que es el otorgamiento de una licencia municipal".
Esta plataforma recuerda que los tribunales anularon, en dos ocasiones, licencia igual a la que ahora acaba de otorgar a Cabomar Congelados,S.A. con la finalidad de eludir la orden judicial de demolición que pesa sobre la nave industrial.
La primera licencia se anuló por sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), de 5 de julio de 2007, por no acomodarse a las determinaciones del Plan Especial del Puerto de Marín del año 2000. La segunda licencia, otorgada por resolución de 17 de julio de 2008, fue anulada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra, de 28 de septiembre de 2010, confirmada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, en sentencia de 26 de enero de 2012, en atención a que la nave estaba construida en los rellenos que la sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de octubre de 2009, había declarado ilegal y ordenado retirar.
Dichos rellenos siguen siendo ilegales actualmente y no son susceptibles de legalización al no resultar factible, a toro pasado, efectuar estudio de impacto ambiental, encontrándose en este momento requeridas las administraciones implicadas en la ilegalidad para que procedan a la retirada de los rellenos que ocupan una superficie de 300.000 metros cuadrados.
Entiende la Plataforma Defensora da Praza dos Praceres que "es absolutamente contrario a derecho otorgar licencia de legalización de obras ejecutadas sin cobertura de licencia válida y sobre la ampliación del Puerto que, por sentencia firme, hay que hacer desaparecer". Por la misma razón, esta asociación señala como "absolutamente contrario a derecho, rayando en la prevaricación", prestar conformidad a comunicación previa de inicio de actividad industrial en terrenos ganados ilegalmente al mar y que por sentencia, en vía de ser ejecutada, han de ser repuestos al estado anterior.
Asimismo apunta que constituye una "ilegalidad clamorosa" que se otorgue licencia de legalización de edificación contra lo sentenciado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, sin que previamente se haya aprobado el "inesquivable" Plan Director de Infraestructuras y cuando el Plan de Utilización está anulado por sentencia de la Audiencia Nacional.
Mientras los rellenos sean ilegales, "todo lo que se ponga encima es, igualmente, ilegal"
Por otra parte, desde esta asociación afirman que el Plan Especial del Puerto-2013 "carece de potencialidad para legalizar la ampliación del Puerto" y mientras los rellenos sean ilegales, "todo lo que se ponga encima es, igualmente, ilegal". Por ello, a este colectivo no le cabe la menor duda de que la nave industrial, asentada sobre el relleno, es, también, ilegal.
Respecto al certificado emitido por el director del Puerto en el que asegura que los terrenos sobre los que se asienta la nave no están afectados por la sentencia que ilegaliza los rellenos, la plataforma considera que tal cuestión debe ser dilucidada por el tribunal que dictó la sentencia. Y, como consta al Ayuntamiento, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG ha desestimado la pretensión formulada por Cabomar Congelados, S.A. de que se declarase que su nave queda fuera de los rellenos que hay que retirar por virtud de la citada sentencia.
Finalmente la Plataforma de Os Praceres en su recurso señala que la edificación "no se acomoda a las determinaciones urbanísticas contenidas en el Plan Especial del Puerto".