La Junta de Personal del Concello de Pontevedra ha denunciado la "persecución" del Gobierno local por contratar a un detective privado para investigar a un bombero que se encontraba en situación de incapacidad laboral por motivos psicológicos con una baja de larga duración.
Ese trabajador estaba de baja desde el 9 de junio de 2021 y en octubre de ese año dio un concierto de música Death Metal con su grupo en el vecino concello de Poio, una actividad que fue anunciada en las redes sociales.
La contratación del detective se justificó, por parte del director xeral de recursos humanos, José Manuel González, como una asistencia externa para investigar una "posible infracción de naturaleza disciplinaria de carácter grave" aunque el portavoz de la Junta de Personal, Héctor Santaló, ha enmarcado este caso en el conflicto laboral que se vive en el Concello de Pontevedra y en el "mal ambiente" que existe entre los representantes de los trabajadores y el Gobierno local.
"A finalidade deste procedemento, desde o noso punto de vista, era asustar ou amedrentar aos traballadores por non comulgar coas imposicións que veñen deste Goberno municipal", ha dicho este portavoz de los empleados municipales en el transcurso de una rueda de prensa convocada a raíz de que el periódico ABC publicase este caso.
Por su parte, la concejala responsable del área de Personal, Carmen Fouces, ha justificado que en el Concello de Pontevedra "cando temos sospeitas fundadas e evidentes de que algunha cousa funciona mal ou hai algún problema o que facemos é actuar" y en este caso lo hicieron a través de la contratación de un detective, que costó 363 euros para una investigación de seis horas. "Nós temos que actuar porque temos un mandato da cidadanía que é dar conta do diñeiro público", ha añadido la edil nacionalista.
Fouces ha indicado que es la primera vez que el Concello acude a una contratación de este tipo desde que ella es la responsable del área de Personal pero entiende que "é unha práctica que as administracións públicas utilizan cando o necesitan" asegurando que es "a fórmula habitual de proceder cando suceden esas cousas". La concejala rechaza que este caso tenga algo que ver con el conflicto laboral.
En este caso se acudió a una asistencia externa al ser una actividad que se desarrollaba fuera del municipio de Pontevedra porque, tal y como señalaron los representantes sindicales, en los últimos años se han llevado a cabo varias investigaciones laboral a funcionarios del Concello por parte de la Policía Local.
Una vez que se realizó el informe por parte del detective privado la administración local inició un expediente sancionador a ese bombero, que acudió a los representantes de los trabajadores que intervinieron "preocupados pola situación de persecución que isto supoñía", ha dicho Héctor Santaló. Después de un año de baja, este funcionario se reincorporó a su puesto durante seis meses y, a día de hoy, vuelve a estar de baja
El grupo municipal del Partido Popular de Pontevedra ha expresado su "sorpresa" por este caso y ha solicitado el expediente de la contratación de ese detective privado y reclama "que se justifique o se motive" esta forma de proceder de la que no cuestiona su legalidad.