La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha solicitado recientemente que se elabore un nuevo informe para seguir aclarando los hechos denunciados en el caso Elsamex, abierto para investigar las supuestas irregularidades en las prórrogas del contrato municipal de mantenimiento de parques y jardines. El informe ya se ha solicitado hace unos días, pero no había trascendido hasta este jueves. Tampoco se han dado a conocer detalles del documento solicitado.
Dentro de este caso, cuya investigación lleva el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, la intención es agilizar lo antes posible la práctica de todas las diligencias. Además, en las últimas semanas se ha preguntado al Partido Popular, como denunciante inicial del caso, si quiere mantenerse como acusación particular en el mismo. Los 'populares' sí quieren continuar adelante.
El caso Elsamex llegó al juzgado en septiembre de 2015 remitido desde la Fiscalía de Pontevedra y el juez instructor, Xermán Varela, admitió a trámite dos meses después. En los tres últimos meses se han practicado varias diligencias, entre ellas la toma de declaración de un ingeniero técnico del departamento de Parques e Xardíns o las dos funcionarias municipales que redactaron el pliego de condiciones del concurso para adjudicar el servicio de mantenimiento de parques y jardines abierto en el año 2014, y del que en julio de 2015 resultó adjudicataria una empresa diferente, Cespa.
El juez ya reclamó diversa documentación al Concello de Pontevedra, tales como información sobre las actuaciones concretas que siguieron a los acuerdos de la Xunta de Goberno del 30 de enero de 2012 y 29 de enero de 2013 en los que se ordenaba el inicio del expediente de contratación del servicio, trámite este que permaneció dos años parado, lo que motivó dos prórrogas del contrato previo. También documentación relativa a esas Xuntas de Goberno y la explicación de las competencias de cada departamento municipal, asi como información de qué concejal tenía competencias, ya fueran propias o delegadas, para el impulso de esa contratación del mantenimiento de parques y jardines desde octubre de 2011.
Toda la investigación partió de una denuncia del PP de Pontevedra y, tras estudiarla en la Fiscalía y llegar al juzgado, el juez concluyó que los hechos denunciados "podrían constituir un delito de prevaricación", pero que es "necesario aclarar diversos extremoso de los hechos que permitan valorar de forma completa lo sucedido y así concluir, o no, en la existencia de indicios más específicos". Entre tanto, no es posible imputar ningún delito a una persona concreta.