El fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, ha decidido no recurrir la decisión de la jueza de Instrucción número 3 de Pontevedra de archivar de forma provisional la causa abierta para aclarar la desaparición de Sonia Iglesias en agosto de 2010.
La jueza había reabierto la causa a mediados de 2017 tras dos años archivada ante la aparición de nuevas pruebas y de un atestado policial que así lo recomendaba, pero, tras meses de diligencias, decidió cerrarlo la semana pasada.
Tal y como recoge el auto de archivo, el cierre de la instrucción judicial no supone que se deje de trabajar para esclarecer los hechos, sino que seguirán realizándose gestiones policiales. Al respecto, fuentes conocedoras de la causa indican que tanto la Policía Nacional -con un pequeño equipo en la Comisaría de Pontevedra centrado en ese caso- como la Fiscalía siguen haciendo averiguaciones, si bien estas no están judicializadas.
El auto de archivo indica que no se descarta que la causa vuelva a abrirse en caso de que ese trabajo policial que se sigue haciendo "derive" en la "existencia de nuevos indicios que aconsejen su reapertura". Además, recoge que en los registros realizados en los últimos meses se localizaron unos restos genéticos que siguen analizándose, pues "no está confirmada" la especie a la que pertenecen, esto es, si son de una persona o un animal.
Se trata de fragmentos de cortical que aparecieron el pasado mes de febrero durante el registro judicial en una casa propiedad de la familia de Julio Araújo -ex pareja de Sonia- en el barrio de San Mauro. Ese archivo se realizaba con el objetivo de buscar restos humanos y fue localizado ese ADN, pero fuentes conocedoras de la causa indican que los investigadores no tienen demasiada esperanza de que su análisis arroje luz en el caso, pues se sospecha que sean de origen animal.
El registro realizado por una treintena de agentes entre efectivos de distintas unidades de la propia Comisaría de Pontevedra -de seguridad ciudadana y de la Policía Científica- y otros desplazados desde la Jefatura Superior de Policía de Galicia y de la Comisaría General de la Policía Científica de Madrid permitió recoger múltiples pruebas que se han analizado durante los últimos meses, tanto in situ en el laboratorio policial móvil que estuvo durante dos días en San Mauro como posteriormente en la propia Comisaría pontevedresa y en dependencias policiales en Madrid.
El análisis de esas pruebas permitió localizar ese perfil genético en los restos recabados, pero no llevó a los investigadores a ningún sospechoso ni tampoco permitieron encontrar vestigios de que Sonia Iglesias estuviese en la vivienda. En general, tanto el registro realizado en esa casa como el que se hizo en un vehículo propiedad de un familiar del hermano de Julio, David Araújo, en un taller de Vilalonga fueron infructuosos.
En estos últimos meses se realizaron otras diligencias, pero de ninguna de ellas se derivaron "indicios concluyentes para continuar la investigación en curso", de ahí que se optase por su archivo, al que ahora no se opone el fiscal jefe, que prácticamente desde el principio se encargó de la causa y ahora la asume junto a la teniente fiscal, Carmen Novo.
En febrero, tras ese registro y otro realizado en un coche de un familiar del hermano de Julio, David Araújo, abandonado en un taller de Vilalonga (Sanxenxo), fueron citados a declarar en la Comisaría en calidad de investigados los hermanos Araújo. Tras esa declaración en sede policial no fueron llamados a declarar en el juzgado y no llegaron a estar investigados judicialmente.
Julio Araújo sí estuvo investigado judicialmente hasta el primer archivo de la causa en 2015, pero con el archivo dejó de estarlo. En esta nueva fase de las investigaciones, no llegaron a citarle en esta condición y tan sólo fue sometido a un interrogatorio en la Comisaría. Tanto él como su hermano se acogieron a su derecho a no declarar.