La Fiscalía pedirá a otras administraciones más documentación sobre las obras de Pasarón

Pontevedra
24 de octubre 2014

Sin esconderse, caminando ante las cámaras y rodeado de ocho diputados y ex diputados del PP que le acompañaron en anteriores etapas como miembros de la Comisión de Gobierno de la Deputación. Así entró Rafael Louzán en los juzgados, media hora antes de la cita y muy tranquilo. A la salida sí esquivó a la prensa saliendo por la puerta trasera

José Crespo, Enrique Sotelo y Luis Serantes (secretario de organización del PP provincial), a la salida de los juzgados
José Crespo, Enrique Sotelo y Luis Serantes (secretario de organización del PP provincial), a la salida de los juzgados / Mónica Patxot

Sin esconderse, caminando ante las cámaras y rodeado de ocho diputados y ex diputados del PP que le acompañaron en anteriores etapas como miembros de la Comisión de Gobierno de la Deputación Provincial de Pontevedra. Así entró este viernes el presidente provincial, Rafael Louzán, en los juzgados de A Parda. Estaba citado a las 10.00 horas para declarar en calidad de investigado ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial en la investigación por presunta prevaricación abierta por los sobrecostes de la reforma del estadio de Pasarón, pero media hora antes, pasadas las 9.35 horas entraba acompañado de los otros ocho citados

No han trascendido detalles concretos de lo que todos ellos dijeron en las dependencias de la Fiscalía (ninguno se atuvo a su derecho a no declarar), pero sí que el Ministerio Público no se quedará sólo con lo dicho para seguir investigando los sobrecostes denunciados en el mes de mayo a título personal por el concejal socialista de Pontevedra Agustín Fernández.

El fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, ha explicado que están estudiando citar a declarar a más personas en relación con estas indagaciones. Todavía no han decidido a quién, pero quieren que pasen por A Parda todas las personas que pueden haber participado en reuniones de la Junta de Gobierno de la Deputación en las que se tomaron decisiones que pudieron influir en los tres reformados del proyecto de reforma de Pasarón, que pasaron de licitarse a la empresa Oreco por 7,2 millones de euros a costar 18 millones. 

Las obras son fruto de un convenio a tres bandas entre la Deputación, la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra, pero los fiscales de Delitos Económicos que llevan la investigación y el fiscal jefe que la dirige han decidido llamar a declarar a representantes de la Administración provincial porque era la encargada principal del proyecto, "adjudicadaba, pagaba y soportaba el gasto principal", según explicó Aladro, y todo eso se decidía en las Juntas de Gobierno. 

Louzán hizo la declaración más larga -hora y media- y habló ante tres fiscales, Augusto Santaló, Jesús Calles y Juan Carlos Aladro

A pesar de que ve que las responsabilidades pueden estar en la Deputación, Aladro anunció que se pedirá documentación a mayores (ya pidió informes previamente) a otras administraciones, entre las que no está el Concello de Pontevedra.

Una vez que tome declaración a quienes puedan tener alguna responsabilidad en las decisiones adoptadas y analice toda la documentación, Aladro y todos los fiscales adscritos a Delitos Económicos decidirán si judicializan el caso o archivan las diligencias, pero el fiscal jefe ya aclaró que prevé que las gestiones no se prolonguen demasiado. Las investigaciones de la Fiscalía deben hacerse en un plazo de seis meses y, en este caso, no prevén agotarlo, se sabrá en "no mucho" la decisión. 

Aquella estampa de primera hora de la mañana no se repitió al término de las declaraciones, que se dieron por concluidas alrededor de las 14.30 horas de la tarde, pero habían sido escalonadas y los nueve investigados abandonaron el edificio judicial por separado. Llegaron a bordo de un Audi y un Mercedes y este último permaneció aparcado hasta última hora en la parte trasera del edificio, pero el Audi vivió un continuo ir y venir para trasladar al presidente y los diputados a medida que iban terminado su cita con la Fiscalía de Delitos Económicos.

Los fiscales llamarán a declarar a todos los que pudieron tomar alguna decisión sobre el proyecto

El primero en declarar y, por lo tanto, en irse fue Louzán. Su declaración fue, según el fiscal jefe, la más larga y se produjo ante los fiscales de Delitos Económicos Agusto Santaló y Jesús Calles y ante el fiscal jefe (los otros ocho solo ante Santaló y Calles). Se prolongó durante hora y media y, al terminar, se fue de A Parda por la puerta trasera, esquivando a los medios de comunicación, que a las 11.40 horas de la mañana eran mucho más numerosos que a su llegada.  

Dentro quedaron el resto de los diputados, que, en su caso, ya salieron por la puerta delantera al no haber prácticamente medios de comunicación aguardando la salida (a las 12.00 horas habían sido citados por Rafael Louzán para una comparecencia en la que dio a conocer los detalles de su declaración.

El actual vicepresidente y alcalde de Lalín, Xosé Crespo, y el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, fueron los primeros en terminar e irse, antes de las 13.00 horas. Poco después, sobre las 13.30 horas, hacían lo propio el también vicepresidente y líder del PP en Vigo Chema Figueroa y la ex vicepresidenta y actual presidenta de la Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa. Los últimos en dejar la biblioteca de la Fiscalía en la que se realizaron las declaraciones y el edificio judicial fueron los alcaldes de O Rosal (Jesús María Vázquez Portela), Cerdedo (José Balseiros) y Ponteareas (Salvador González Solla ) y el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán.