El pleno de la Deputación ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo con la intención de que la Xunta de Galicia lleve a cabo las obras de conservación necesarias para mantener la zona noble de la Finca de Lourizán, en donde las instalaciones muestran un notable mal estado.
El diputado socialista Carlos Font defendió el punto en el pleno que se celebraba este viernes señalando que la cesión por parte de la Deputación a la Xunta de la finca y de los edificios de Lourizán se realizó en 1991 con una duración de 30 años. Según el diputado esa cesión implicaba que la Xunta debía conservar este espacio. Sin embargo, alegó, el gobierno autonómico no está atendiendo a las competencias y hace caso omiso de los requerimientos enviados por la institución provincial.
En la misma línea se mostraba el diputado del BNG, César Mósquera, para recordar que en 2008 hubo oportunidad de traspasar ese espacio a la Xunta pero finalmente el gobierno provincial, entonces gobernado por el PP, se echó atrás. El nacionalista indicó que en 2021 terminará la cesión y se teme que la Xunta se lo devolverá en malas condiciones a la Deputación para que este organismo sea quien realice la inversión. "Aparte de burros, apaleados", expresó Mosquera, que insistió en que la Deputación está dispuesta a ceder la finca y el Pazo a la Xunta para que haga lo que quiera en esos terrenos.
Pepa Pardo, portavoz del Partido Popular, mostró su sorpresa por la interposición y apuntó a que en 2016 y 2017 la Xunta había intentado reformar el Pazo con un proyecto para convertirlo en un espacio de investigación, a través de Ence. Un proyecto, que según la diputada del PP, fue rechazado por motivos "partidistas y políticos".
Carlos Font respondió en la réplica que aquella propuesta de la Xunta con una inversión de 5 millones de euros para la rehabilitación del Pazo con el "simple objetivo de lavar la cara a Ence" no alcanzaba para recuperar un espacio en el que, según un análisis técnico, es necesario invertir más de 14 millones de euros.
Finalmente, en la votación, se aprobaba la presentación del recurso contencioso-administrativo, con los votos en contra del grupo de la oposición.